Tres vecinos de Baltar, identificados como J.A.P. G., de 49 años; J.F.L. (24) y R.F.G. (34), y dos de Xinzo, J.J.R., de 25 años, y B.P.C, (54), fueron detenido por la Guardia Civil dentro de la operación "Giro-OU" como presuntos autores de 28 robos en naves industriales, almacenes y granjas de la comarca de A Limia. Los agentes, además, le atribuyen cuatro de delitos de receptación de material sustraído y otro de pertenencia a grupo criminal. Los cinco quedaron en libertad tras prestar declaración en el Juzgado Mixto de Xinzo, aunque en calidad de investigados por los citados delitos.
La operación la llevó a cabo la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que inició las pesquisas el pasado mes de enero tras constatar un sustancial incremento en el número de robos en galpones, naves, almacenes y granjas de la comarca limiana.
Los agentes comprobaron que el objetivo de los delincuentes era adueñarse de todo tipo de maquinaria y herramientas, además de combustible, material de cobre, motores y productos agrícolas, como sacos de patatas. "Se llevaron todo la maquinaria que teníamos de jardinería", afirmó un afectados.
El grupo criminal, según el Instituto Armado, siempre utilizaba el mismo modus operandi, forzar con hierros las puertas y verjas que había en las instalaciones. Durante las pesquisas, los agentes detectaron que el grupo estaba supuestamente aprovechando el confinamiento de la población a causa del estado de alarma para intensificar su actividad delictiva.
Los investigadores inspeccionaron minuciosamente el escenario de cada uno de los robos en el que, durante el último mes, hallaron pruebas que les permitieron identificarlos. Acto seguido, su objetivo era localizar el material sustraído, un trabajo que dio frutos a principios de esta semana. Los agentes comprobaron, además, que alguno de los objetos recuperadores (maquinaria y herramientas) ya figuraba como robada en el año 2018.
La Guardia Civil mantenía este viernes la operación abierta y revisaba cada una de las denuncias por robo registradas en los últimos dos años ante la sospecha de pudieran ser ejecutados por los detenidos.
