"El alcalde conocía los informes (sobre la ausencia de proceso de selección). Los leyó, lo hablamos y lo analizamos", dijo el secretario del ayuntamiento
El alcalde de Xinzo (Ourense), Antonio Pérez, acusado de un supuesto delito de prevaricación por contratar a trabajadores sin concurso público, ha reconocido que firmaba los expedientes de contratación sin leerlos porque "confiaba" en el secretario del Ayuntamiento, que aseguró que le "decía que no había anomalías".
Durante la primera jornada del juicio que se celebra en juzgado Penal 1, Pérez ha insistido en que el secretario "nunca le informó" sobre irregularidades en el proceso de selección. Sostuvo también que descubrió que había informes desfavorables tras intervenir el ordenador del secretario y que éstos fueron "redactados 4 o 6 meses después de los contratos".
Respecto a los reparos presentados por la responsable de Intervención hasta 2012 negó que fuesen tachas de ilegalidad y ha incidido en que se debían a una falta de coincidencia entre los importes de las nóminas y los acuerdos del convenio laboral.
Diametralmente opuesta ha sido la declaración de la interventora y de su sucesor en el cargo, el secretario del Ayuntamiento hasta esa fecha, que han coincidido en que se había informado al regidor en repetidas ocasiones de que era necesario un proceso de selección, pero que éste justificaba los contratos porque estaban a punto de concluir y por la "necesidad de cubrir el servicio".
"El alcalde conocía los informes (sobre la ausencia de proceso de selección). Los leyó, lo hablamos y lo analizamos", dijo el secretario del ayuntamiento. Su predecesora en Intervención fue contundente al afirmar que "desde 2009 todos los informes a contrataciones y nóminas eran desfavorables".
También defendió que "siempre informó por escrito" al regidor cuando había irregularidades en las nóminas o cuando no se seguían "los trámites esenciales" en la contratación.
LOS HECHOS
La Fiscalía y la acusación popular, ejercida por el principal sindicato del ayuntamiento (CIG), reclaman para el regidor diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como el abono de las costas procesales por considerarlo "responsable en concepto de autor" de un delito continuado de prevaricación.
Los hechos tuvieron lugar entre los años 2011 y 2013 cuando, según el escrito de Fiscalía, el regidor realizó contratos, por decreto o directamente, sin que en ningún momento se atendiese el cumplimiento de "los principios constitucionales" de concurso u oposición para elegir a los trabajadores por su "mérito y capacidad".
