La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural acaba de terminar la restauración de la Torre do Castro de Sandiás, el Bien de Interés Cultural que, a finales del pasado 2022, sufrió el ataque de los vándalos, que realizaron varias pintadas en una de las caras.
Desde Cultura aseguran que la “rápida intervención” de los técnicos de la Dirección Xeral impidió que las pinturas “non penetrasen máis no material” y que los daños se pudieran corregir “de maneira satisfactoria”.
No obstante, los trabajos no fueron sencillos. Se necesitaron varias jornadas de trabajo del personal de una empresa especializada en conservación y restauración de bienes culturales -contratada por la Xunta de Galicia-, así como de los propios técnicos de la Consellería.
La técnica empleada se basó en un sistema de celulosa impregnada con hidrocarburos y nitrotolueno. El resultado es “satisfactorio” para Patrimonio, desde donde afirman que se logró eliminar la pintura “sen causar danos na pedra”.
Tras lo ocurrido en Sandiás, desde la Xunta quisieron manifestar “o noso máis profundo rexeitamento a calquera tipo de agresión ao patrimonio” al tiempo que recordaron que la mano está tendida “a todas as administracións e institucións co fin de concienciar á sociedade de que preservar o noso patrimonio é clave para que poida ser legado ás futuras xeracións”.
Con respecto a lo anterior, la jefa territorial de Cultura e Turismo, Sandra Quintas, lamentó que “o patrimonio, día a día, está sufrindo estas pintadas. En Ourense moitas veces remata unha obra e aparecen as pintadas ao día seguinte. Hai un problema de concienciación”.
Por otro lado, desde el Concello de Sandiás, Felipe Traveso agradeció la intervención de la Dirección Xeral y el resultado satisfactorio: “Parece que nunca existió la pintada. Pensé que la piedra quedaría muy limpia, pero quedó de maravilla. Casi no se diferencia una piedra de la otra”, manifestó el regidor sandianés.
Según la Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, actos vandálicos como el cometido contra la Torre do Castro pueden llegar a considerarse como “infracción grave”, con sanciones económicas para los responsables que van desde los 6.000 a los 150.000 euros.
