La Diputación de Ourense se encargará de varios servicios básicos de la localidad, que tiene una deuda de 3,2 millones de euros
La "delicada situación" financiera del Concello de Os Blancos, con una deuda de 3,2 millones de euros, llevó a su alcalde, José Manuel Castro (PP), a solicitar la intervención por parte de la Diputación de Ourense de algunos servicios básicos. El Gobierno autonómico, en su reunión semanal de este jueves, ha autorizado esta intervención.
De ello ha informado tras el Consello de la Xunta el vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, quien ha explicado que la atención a varios servicios básicos municipales por parte de la institución provincial tendrá una vigencia inicial de dos años, "sin perjuicio de que, transcurrido este tiempo, se pueda prorrogar esta intervención inicial", si persisten las dificultades financieras.
Dicho esto, ha agradecido a la Diputación de Ourense, que dirige el también popular Manuel Baltar, que ejerza sus competencias y cumpla con la obligación de garantizar los servicios a un pequeño concello con las características de Os Blancos, que se encontraba en una situación financiera difícil, por una vía que ha destacado como "la intervención directa".
Os Blancos activó en diciembre los trámites para traspasar a la Diputación los servicios de abastecimiento, saneamiento y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con el objetivo de acceder a un crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que le permitirá subsanar la deuda de 1,7 millones de euros que mantiene con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.
El Consistorio esgrimió que tenía una deuda de 3,2 millones de euros. A la Seguridad Social le correspondían, según trascendió en su día, 1.599.903,43 euros y a la Agencia Estatal Tributaria 42.456,04 euros. El resto son débitos a proveedores (un millón de euros) y a la entidad crediticia Abanca (unos 50.000 euros).
La Xunta ha concretado que los servicios que asumirá la Diputación son los de abastecimiento domiciliario de agua potable, saneamiento, pavimentación de vías públicas y acceso a núcleos de población e iluminación pública.
Rueda, además, ha asegurado que ningún otro ayuntamiento ha demandado por ahora un paso similar y ha defendido que la situación financiera de los municipios gallegos, de forma general, no lo exige.
