El Concello y la concesionaria, que ya no tiene el contrato en vigor, llevan varios años de litigio
El Concello de A Bola prevé llevar a cabo el próximo mes septiembre el desalojo total y temporal del hogar residencial de Podentes, de titularidad municipal pero que en la actualidad está gestionado por la empresa Carbatari. La alcaldesa del Partido Popular, María Teresa Barge, explicaba a través de un comunicado que se trata de una acción transitoria motivada por la necesidad de llevar a cabo reparaciones en el edificio que, entre otras cuestiones, afectan a la obstrucción en el sistema de saneamiento.
Para poder desocupar el inmueble el Concello ha recurrido al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ourense que, con fecha del 6 de julio, autorizó "a que polos axentes, operarios e técnicos do Concello de A Bola se proceda á entrada na devandita propiedade para proceder á execución das resolucións firmes que ordenaron o desaloxo da edificación". Si bien en el auto el juez recuerda al Concello que se trata de un acto administrativo y que será la administración local quien deberá solicitar auxilio a las fuerzas policiales y la que se deberá entender con el contratista.
El juzgado, en una providencia posterior fechada el 12 de julio, rechazó la solicitud del Concello de A Bola para exigir a Carbatari que proporcione los datos de los usuarios con el objeto de facilitar el traslado y que cese en la tramitación de nuevos ingresos en las plazas vacantes, al carecer dicho juzgado de competencias para ello.
Disconformidad
Desde Carbatari expresaban su disconformidad con el desalojo, cuyo respaldo judicial ponían en duda, y se reservaban el derecho a interponer las correspondientes acciones judiciales. Representantes de la empresa insistían en que no se le niega al Concello la entrada en la residencia, pero exigen que esta se realice conforme a la legislación vigente. Asimismo, creen que se pueden realizar las obras de reparación sin necesidad de cerrar el centro, tal y como se realiza en otras residencias.
El adjudicatario señalaba además que las instalaciones han sido objeto de diferentes inspecciones por parte de Sanidad y de los Servicios de Inspección de Centros de la Consellería de Política Social, entes autorizados para cerrar el centro, y ninguno de ellos han emitido orden de cierre ni traslado. "Los usuarios están perfectamente atendidos y los trabajadores cobran", aseguran. Precisamente para los responsables de Carbatari en los empleados está el quid de toda esta cuestión. "Quieren cerrar seis meses para evitar que la nueva concesionaria tenga que asumir a estos 14 empleados, que están en todo su derecho de seguir trabajando aquí", aseguran.
Reserva de plazas
Los servicios sociales municipales confirmaban que están contactando con los usuarios y sus familias para informarles de la situación, así como de la posibilidad de contar con plaza en otro centro mientras dura todo este proceso. Aprovechando el cierre total y temporal del edificio, el grupo de gobierno que preside Teresa Barge aprovecharía para llevar a cabo otras reparaciones relacionadas con el gas, la iluminación, así como tareas de mantenimiento y pintura. No descartan, a su vez, realizar las obras necesarias para la homologación de las plazas de la planta superior. Una vez realizadas las reparaciones, la intención del Concello es volver a poner en marcha el servicio y se anunciará públicamente.
