La Fiscalía de Ourense está "interrogando" a las trabajadoras, fijas y temporales, de la Residencia San Carlos de Celanova para conocer lo ocurrido durante el brote de coronavirus originado el pasado mes de marzo. Así lo anunciaba ayer el BNG, recordando que el geriátrico celanovés registró 65 personas infectadas por covid-19, de las que hubo que lamentar nueve fallecimientos.
Según la información que maneja el BNG local, la Fiscalía ya habría completado la toma de declaración del personal actual, quedando pendientes las empleadas de baja o las contratadas eventualmente durante la pandemia. La actuación, aseguran, responde a la demanda presentada en abril por el colectivo Vellez Digna que se integra en la Federación Galega de Usuarios e Familiares de Residencias (REDE) contra "os propietarios, xestores e directivos" de 42 centros de mayores gallegos, de los que 13 son de la provincia de Ourense.
