El retraso en ayudas a la dependencia frena el acceso a los centros de día

Los retrasos a la hora de tramitar los expedientes para la concesión de la ayuda a la dependencia están generando problemas asistenciales en los mayores y sus familias, y perjuicios económicos en los centros de día provinciales. Así lo aseguran varios representantes de diferentes recursos asistenciales privados ourensanos que, ante el silencio y desesperación que viven muchas familias, alzan la voz para reclamar a la Xunta de Galicia el cumplimiento de los plazos fijados en la ley, tres meses máximo para valorar y otros tres para resolver. "A realidade é que o prazo non baixa dun ano. A xente acaba falecendo sen valorar", asegura Laura Vázquez de O Agarimo, el único centro de día privado en las comarcas de Terra de Celanova y A Baixa Limia. Lo dice tras ocho años trabajando en el sector y en base a experiencias previas a la pandemia, donde tuvo conocimiento del fallecimiento de una persona pendiente de valoración y dos de la resolución. "A semana pasada chamaron para valorar a dous usuarios do centro que levan esperando dende decembro de 2018. Outro pediu fai cinco anos o grado dous e aínda está con iso. Din que se perdeu o expediente e agora volveron a solicitar a documentación", relata Vázquez desde su negocio en la villa de San Rosendo, resentido por los retrasos. "Isto tiña que estar a tope", dice mientras atiende a 11 de las 36 plazas autorizadas. Apoyo plenario A pesar de contar con precios ajustados a la realidad de una comarca con pensiones de las más bajas de Galicia (630 euros de media) y donde el 17% de la población es mayor de 80 años (3.058 de 17.497 habitantes), "tres marcharon do centro porque non viñeron valoralos e non podían asumir o custo e hai dúas persoas que tramitaron a solicitude en xaneiro. Viven soas porque a familia non está aquí e, senón resolven pronto, acabarán nunha residencia", relata Vázquez, quien añade que en la provincia no se están pagando las "libranzas" de grados I y II. Estas quejas han sido motivo de debate plenario en Celanova, donde todos los grupos políticos aprobaron recientemente una moción del BNG para, entre otras cosas, instar a la Xunta a agilizar los trámites de Dependencia y, mientras, dotar a la comarca de plazas subvencionadas de centro de día mientras que no existe un centro público. La cuestión, trasladada a la Mancomunidad por ser el ente al que están transferidos los servicios sociales celanoveses, no prosperó. El presidente José Antonio Pérez Cortés explicaba que "nós temos horas" para ayudar a esos mayores, pero no partidas económicas para subvencionar una plaza en un centro privado como pedía la moción. En cuanto a la atención a los mayores, Pérez Cortés señala que "apenas" tienen lista de espera y que el servicio o funciona "bien" en la comarca. Testigo diario de la realidad social local, la concejala celanovesa de Igualdade e Integración Social, Teresa Barge, pide ir más allá y urge una reclamación conjunta para que "de verdad" se valore y se reivindiquen condiciones justas e igualitarias para el acceso de los mayores a un centro de día. "¿Dónde está la conciliación de la gente que trabaja y quiere cuidar de sus padres?", se pregunta Barge, hija de una persona dependiente. Socializador y respiro La situación que se vive en Terra de Celanova se repite en otros puntos de la provincia, donde hay 34 centros de día entre públicos y privados. Desde Verín, Chelo Ferreiro, de A Raiola, explica que en abril hace un año que abrió el centro de día."No puedo contar mucho, pero no tengo un caso en el que se haya cumplido el plazo que marca la ley", asegura sobre unos retrasos que afectan a las familias "que lo están pasando mal" y también al centro de día, "a todos. Las familias están pendientes de estas resoluciones para tomar decisiones, soluciones. Mientras, no pueden". El cierre obligado de los centros en marzo con motivo del estado de alarma confirmó lo que las profesionales ya sabían, que el aislamiento provoca un avance en el deterioro de los mayores. Los centros de día, insisten sus promotores, no son guarderías, sino un servicio asistencial con talleres cognitivos, fisioterapia,... "Los mayores necesitan compartir, socializar. Este es un recurso de los más importantes en geriatría", señala Patricia López, que lleva 13 años trabajando en el sector y el año pasado abrió el centro de día O Salgueiral en O Barco de Valdeorras. "Es un respiro para las familias y no rompes ese vinculo familiar", dice López, evitando el temido desarraigo. Una asociación para hacer fuerza y unir a los centros En los inicios de la pandemia surgió a nivel gallego una plataforma gallega de centros de día privados. "El 53% de las plazas las ofertan los centros privados. Damos mucha asistencia y también trabajo. Tenemos que hacernos escuchar", reivindica Patricia López, quien anuncia que "ahora estamos constituyendo la asociación". Una vez en marcha, la barquense asegura que pondrá encima de la mesa la tardanza de las valoraciones en Ourense. "Si en Vigo o A Coruña se cumplen los plazos, ¿por qué no aquí? Un año para valorar es inhumano, son mayores de 80 años y con dificultades", insiste. Siete personas para evaluar los expedientes de toda la provincia La Consellería de Política Social reconoce un aumento en el número de expedientes pendientes de valorar debido a la cantidad de solicitudes que se registraron últimamente en la provincia. Pero cifran en tres meses y medio el tiempo medio de valoración en Galicia (período que podría aumentar un mes más para su aprobación), lejos de los plazos que manejan familias y centros. Un equipo de siete personas se encarga de la evaluación de los casos en la provincia, número que puede verse afectado por la situación laboral de los funcionarios. El número está por debajo de la media gallega con 13 trabajadores. Conscientes de esta situación, Política Social señala que entre los ejes "prioritarios" de la Xunta está "la agilización y el refuerzo de los trámites de valoración de dependencia". En cuanto a los criterios de tramitación de los expedientes, aseguran que "se valoran por orden de solicitud" aunque "se puede estimar una urgencia en la tramitación cuando esté suficientemente acreditado en el informe social o de emergencia social", concluyen.