DESALOJO

La Subdelegación decidirá la forma del desalojo de la residencia de A Bola

Las partes aguardan a una resolución que tendría que llegar a lo largo de la jornada de hoy, para resolver el conflicto

Los representantes del Concello de A Bola que el lunes intentaron desalojar a la empresa concesionaria de las instalaciones continuaban ayer a la espera de que la subdelegación del Gobierno autorice la expulsión de los miembros que todavía ejercen su actividad. Si bien aguardan a que la resolución llegue en las próximas horas, al cierre de esta edición continuaba la tensión entre ambos lados.

La alcaldesa, Teresa Barge, lamentaba ayer la falta de colaboración de los trabajadores de Carbatari, asegurando que "non nos deixan acceder ós expedientes dos usuarios para coñecer o seu estado e contactar cos seus familiares". En este sentido, insiste en que "queremos desaloxar á empresa para comezar a traballar co noso persoal e establecer protocolos para o traslado progresivo e temporal" de los ancianos a otras residencias de la provincia manteniéndoles reservadas las plazas en A Bola para cuando finalicen las obras de mantenimiento del edificio.

A este respecto, desde Carbatari aseguran que el procedimiento seguido por el Concello no ha sido el adecuado, puesto que el lunes "no deberían haber acudido con la Guardia Civil, sino con un servicio de inspección de la Xunta" que velase por la integridad física de los usuarios. Esta disconformidad la dejó patente el representante de la concesionaria en la denuncia presentada el propio lunes ante la Guardia Civil de Celanova en la que pone de manifiesto su negación de abandonar las instalaciones ante la falta de "credenciales" presentadas por parte de los trabajadores del Concello. En el escrito, la empresa pide el "amparo de las instituciones públicas competentes" para mantener la actividad de cuidado de los mayores mientras el gobierno local "no convoque nuevo concurso adjuticatorio" para la explotación del centro. En el medio de este conflicto administrativo, los representantes sindicales de los trabajadores recuerdan que "el problema real" lo están padeciendo tanto ellos como los mayores y sus familiares. "Somos las víctimas y los daños colaterales porque nadie nos da una solución", explican. Alegando que las acciones del Concello "no son positivas" para el bienestar de los usuarios, mantendrán una reunión mañana, jueves, con los familiares para decidir las medidas que tomarán.


Deficiencias palpables en el edificio


El cruce de acusaciones entre ambas partes viene motivado principalmente por el mantemiento de las instalaciones. La alcaldesa, Teresa Barge, asegura que el estado del edificio no garantiza "la salubridad" de los usuarios apuntando a desperfectos como "humedades en el semisótano, radiadores que no funcionan, muñequeras aguantando puertas, cables pelados en las habitaciones o timbres que no suenan". Son algunas de las deficiencias señaladas por el Concello para incidir en la necesidad de cerrar la residencia y realizar las obras pertinentes en el "menor tiempo posible". Con este aspecto no se muestra de acuerdo la empresa Carbatari. Sus administradores recuerdan que "el edificio llevaba seis o siete años construido cuando nosotros entramos y esas humedades ya estaban allí". Aseguran que a esa zona del edificio "no acceden los usuarios" y que las obras "pueden realizarse sin necesidad de cerrar". Sospechan que "el único motivo es porque quieren liquidar a los trabajadores". Desde Carbatari confiesan que "cada día que estamos ahí estamos perdiendo dinero", no sólo porque no pueden utilizar las plazas disponibles sino también porque la situación actual "nos obliga a doblar los turnos". 

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