Dice que el canon afectaría a la eficiencia, la libre competencia, la innovación tecnológica y la seguridad jurídica
La implantación de la 'tasa Google' tendría un impacto negativo de 1.133 millones de euros al año para los cerca de 17 millones de internautas españoles que consultan medios de comunicación 'on line', según se desprende de un estudio elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI), a petición de la Coalición pro Internet que preside Arsenio Escolar.
Este canon está incluido en la reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual, que recibirá el visto bueno del Congreso de los Diputados a mediados de julio, para aprobarse definitivamente tras el verano en el Senado. Se trata de un "derecho irrenunciable" que tendrían los editores de prensa a percibir un beneficio económico de los prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos como 'Google', 'Menéame' o 'Yahoo News', por ejemplo.
AFI ha estimado esta cifra a partir del tiempo adicional que tendrán que emplear los usuarios en encontrar la información deseada en la ausencia de estos agregadores, un tiempo que dejaría de utilizarse para otras actividades productivas, valoradas en esos más de mil millones de euros.
"El gran perjudicado más allá de las empresas son los internautas porque la agregación de noticias aporta doble beneficio: les permite acceder a una selección de medios más amplia, conocer medios que de otra manera no conocerían, así como la reducción de tiempo que tienen que dedicar para encontrar las noticias que les interesan", explica.
El director del diario '20 Minutos' y presidente de la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), Arsenio Escolar, que se ha reunido con todos los grupos parlamentarios, y les enviará este informe, considera que este canon es un "error palmario", una "chapuza jurídica" y un "error económico notable" que va a cometer el Gobierno con esta medida por beneficiar "para algunos editores" de prensa.
A su juicio, lo que no puede ser es que una iniciativa legislativa se haga por una parte del sector sin hablar con nadie y sin tener en cuenta la economía digital. "El canon no se necesita y la irrenunciabilidad vulneraría la libertad de prensa, más luego entregarle esa gestión del canon a un monopolio privado. Tres puntos muy delicados que harían bien los legisladores en pensar si están haciendo bien", ha lamentado.
Según ha criticado Escolar, esta ley se ha llevado a cabo sin informes previos de impacto económico previos y sin contar con el respaldo de la CNMC, "con un informe demoledor" y opiniones contrarias de la CEOE sobre la ley. Por eso han pedido el informe.
NO HAY JUSTIFICACIÓN
Según explica AFI, la introducción de un canon se justifica por resolver un fallo de mercado que en la actualidad no hay, ni tampoco una justificación económica, porque no está claro que compitan los agregadores de noticias con los editores o productores de contenidos.
Es más, sostiene que se da un efecto positivo en los medios de noticias 'online' gracias a los agregadores porque se incrementan su tráfico y visitas. "Hay un beneficio para los nuevos medios de noticias porque los agregadores incrementan su tráfico, al mismo tiempo que dan a conocer el medio y el usuario puede volver posteriormente y acceder directamente al mismo", agrega AFI.
Asimismo, recuerdan la existencia de lo que se denomina como mecanismos de 'opt-out' que permiten a los editores evitar la distribución de sus contenidos a través de estas herramientas, una alternativa sencilla a los medios que no deseen ser agregados.
A su vez, alertan de que podrían derivarse efectos negativos sobre la estructura de mercado del sector editorial, en la medida en la que los nuevos medios encontrarían mayores dificultades para posicionarse.
Igualmente, avisa de que una compensación irrenunciable atenta contra la libertad de empresa y puede perjudicar a los editores de menor tamaño, especialmente a aquellos que producen contenidos bajo licencias 'copyleft', como las 'creative commons' por ejemplo, o que desearían negociar condiciones particulares con los agregadores.
IMPLICACIONES MICROECONÓMICAS
Según el estudio, la introducción de un canon establece una barrera de entrada antes no existía y se dificulta que una empresa quiera empezar a funcionar como agregador y establezca una diferenciación con los que ya funcionaban antes del canon. "Va a ser más difícil que alguien se lance a crear un agregador y con el canon también decida salirse del mercado", apostilla un experto de AFI.
El derecho irrenunciable de cobro que establece la ley a su juicio tiene una consideración muy importante para medios y agregadores en la medida que atenta contra la libertad de empresa, porque los medios que decidan negociar con agregadores se van a limitar por este canon.
Igualmente, ha avisado de que la puesta en marcha de este canon va a tener un "impacto obvio" en la reducción de visitas para los medios y, con ello, va a ser "muy difícil" que el beneficio económico de la tasa compense la caída de ingresos directos que conllevará un menor número de visitas.
Por último, critican que la aplicación de la compensación en los términos actuales reserva la actividad de gestión de derechos de carácter privado y que opera en condiciones de monopolio, como avisa la CNMC, en lugar de permitir la participación de otros agentes cualificados.
MÁS CONSECUENCIAS
Finalmente, estiman que con la puesta en marcha de la 'tasa Google' también se producirá una caída del empleo, primero por la actividad directa de los agregadores de contenidos, que tendrán que cerrar o irse de España.
A día de hoy, AFI critica que no hay países en los que se haya aplicado una medida de este tipo, como un "derecho irrenunciable" y se creará para España una situación de inseguridad jurídica que perjudicará al país en el medio plazo como destino para atraer empresas innovadoras y que apuesten por Internet. "Tenemos un ejemplo muy malo que incluso puede sentar precedente para otros países. Los efectos serían negativos", sentencian.
AFI es una consultoría económica y financiera independiente que ha realizado este informe a petición de la Coalición Pro Internet, que preside Escolar, conformada por una decena de empresas y organizaciones procedentes de sectores económicos que tienen en común una visión abierta e innovadora del entorno digital y "su firme rechazo a determinados aspectos de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual".
Coalición Pro Internet la conforman la AEEPP, la Asociación Española de Economía Digital, la Asociación de Internautas, Google, Menéame, WeblogsSL, 20minutos.es, Eldiario.es, entre otros.
