La Audiencia de Barcelona ordenó reabrir la querella que presentó la extenista Arantxa Sánchez Vicario contra su padre, su hermano Emilio, el abogado Bonaventura Castellanos y el economista Francisco de Paula Oro, a los que acusa de haberse apropiado de más de 16 millones de euros de su fortuna.
La juez instructora consideró que no existían indicios de criminalidad y que, en cualquier caso, la competencia para su investigación correspondía a tribunales de Andorra, Luxemburgo y Suiza, donde estaban las cuentas bancarias. La extenista recurrió la decisión y ahora la Audiencia no sólo le ha dado la razón, sino que reprocha a la instructora que no siguiera 'la tramitación adecuada' y sobreseyó la causa sin hacer ninguna diligencia.
La querellante sostiene que dada la 'lógica confianza' en su progenitor y en el abogado no decidió implicarse en la gestión empresarial hasta el año 2005 cuando se encontró 'por sorpresa' con que la Inspección de Hacienda le impuso una sanción de 5,2 millones de euros por liquidación incorrecta de su IRPF.
La querellante sostiene que dada la 'lógica confianza' en su progenitor y en el abogado no decidió implicarse en la gestión empresarial hasta el año 2005 cuando se encontró 'por sorpresa' con que la Inspección de Hacienda le impuso una sanción de 5,2 millones de euros por liquidación incorrecta de su IRPF.
