Economía

28-A: Poco rigor en las ofertas económicas

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28-A: Poco rigor en las ofertas económicas

Los partidos políticos prometen a menudo lo que saben que no podrán hacer si llegan al Gobierno; máxime en un escenario donde no se prevé una mayoría absoluta. Pero juegan al todo vale como si no pasase nada.

Si bien el debate político en España se centra a menudo en asuntos menos trascendentales que los económicos, que en buena lógica deberían seguir siendo prioritarios, no es menos cierto que la economía sigue teniendo mucho peso ante las elecciones generales del 28-A.

La simplificación intencionada de los mensajes políticos tampoco es ajena a la economía, donde más que abordar la realidad con propuestas constitucionales y pragmáticas se observan un sinfín de audacias y lugares comunes que a veces ni siquiera tienen el más mínimo fundamento.

Hay partidos políticos en España, sobre todo los situados en los extremos, que hacen propuestas económicas incompatibles con la situación de España en el marco europeo o con las normas constitucionales y estatutarias. Por tanto, se escuchan a menudo ocurrencias económicas que carecen de marco legal, pero como no hay ningún consenso político que obligue al rigor político todo vale.

Sobre el papel, corresponde a los electores discernir entre las propuestas que le trasladan los partidos políticos pero también sabemos que no resulta fácil estar al día para saber todo aquello que entra en contradicción con las políticas europeas, con las exigencias particulares de Bruselas a España, con la Constitución o con todos los estatutos de autonomía. Poco o nada tiene que ver, por ejemplo, la situación de Navarra con la de Galicia o la de Cataluña con la del País Vasco. Tampoco la de Canarias con Baleares.

Sería de agradecer que los partidos políticos, que tienen medios para ello, solo incluyesen en sus ofertas electorales medidas legales y realistas, pero todos vemos que la política –y menos la electoral– no funciona con rigor, sino que mezcla el pragmatismo con altas dosis de demagogia.

No se trata de demonizar –al menos en este análisis– las propuestas de unos partidos y de ensalzar las de otros, pero como norma general solo aquellas fuerzas que ocupan la llamada centralidad política española se aproximan a los propósitos más o menos ortodoxos.

Como regla general para discernir parece aconsejable desconfiar de las propuestas milagrosas o de aquellas otras que rompen todos los consensos; máxime en el caso de las pensiones. Dentro de la UE –y en particular de la eurozona– hay márgenes estrechos de actuación en política macroeconómica, de ahí que al final unos gobiernos y otros no sean tan distintos. Y con la Constitución, los estatutos y la financiación autonómica en la mano, el corsé aumenta.

Pero hay más. Cuando escuchemos propuestas para reducir el gasto público de manera exagerada debemos desconfiar, ya que España ya tiene el menor gasto público de los cuatro países más grandes de la eurozona. Lo mismo podemos aplicar a las promesas de elevar el gasto público prácticamente sin límite, ya que no será posible mientras España esté en el euro.

El problema de España no es su porcentaje de gasto público en función del PIB, bajo en el contexto europeo, sino la eficiencia del propio Estado. Alemania, Francia e Italia, las tres primeras economías de la zona euro, tienen porcentajes de gasto público sobre PIB superiores a España, tanto en términos relativos como absolutos. Por tanto, en España hay margen para aumentar el gasto público, si se quiere, pero a la vez también lo hay para reducir la economía sumergida y evitar las ineficiencias de su economía y de sus presupuestos generales, autonómicos, provinciales y locales.

@J_L_Gomez