Las plataformas comarcales de afectados por participaciones preferentes y subordinadas han solicitado una reunión con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y con el presidente ejecutivo de Novagalicia Banco, José María Castellano, para conocer de primera mano posibles soluciones 'para la gran mayoría' de 'ahorradores estafados'.
En un comunicado, las plataformas de asociaciones de ahorradores comarcales, que agrupan a unas 43.000 personas afectadas por estos productos bancarios, señalan que también han pedido que en la reunión haya representantes del Instituto gallego de Consumo, dependiente de la Xunta.
Los afectados quieren saber en qué 'casos determinados' ese organismo acepta el arbitraje, ya que en las oficinas de Consumo, según la nota, 'no se informa del perfil que define qué casos serán aceptados para poder recurrir a esta vía y cuales no'.
En opinión de los afectados, 'todo parece indicar que NGB solo pretende mejorar su mala reputación satisfaciendo los casos más mediáticos y así salir en los medios de comunicación con un lavado de imagen'.
Además, las plataformas comarcales de afectados critican la 'costosa campaña publicitaria' puesta en marcha.
También afirman que 'el principal problema' del arbitraje es que si el laudo arbitral es desfavorable, el afectado no podrá recurrir a los tribunales.
'El arbitraje supone poner la Administración pública al servicio de una entidad financiera recapitalizada con dinero público, pero sin llegar a una solución global para el total de los ahorradores estafados', concluyen.
Los afectados quieren saber en qué 'casos determinados' ese organismo acepta el arbitraje, ya que en las oficinas de Consumo, según la nota, 'no se informa del perfil que define qué casos serán aceptados para poder recurrir a esta vía y cuales no'.
En opinión de los afectados, 'todo parece indicar que NGB solo pretende mejorar su mala reputación satisfaciendo los casos más mediáticos y así salir en los medios de comunicación con un lavado de imagen'.
Además, las plataformas comarcales de afectados critican la 'costosa campaña publicitaria' puesta en marcha.
También afirman que 'el principal problema' del arbitraje es que si el laudo arbitral es desfavorable, el afectado no podrá recurrir a los tribunales.
'El arbitraje supone poner la Administración pública al servicio de una entidad financiera recapitalizada con dinero público, pero sin llegar a una solución global para el total de los ahorradores estafados', concluyen.
