La Audiencia Nacional bloqueó 50 millones de euros a Gerardo Díaz Ferrán y a De Cabo

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga el ocultamiento de bienes y el blanqueo de capitales por el expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán, ordenó bloquear las cuentas de una veintena de empresas vinculadas con los detenidos en esta operación.
Según confirmaron hoy fuentes próximas a la investigación, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha intervenido las cuentas de los nueve detenidos en este procedimiento, entre los que se encuentra el empresario valenciano Angel de Cabo, que supuestamente ayudó a Díaz Ferrán a ocultar bienes desde 2010.

El expropietario de Marsans y expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, su socio Ángel de Cabo y los otros siete detenidos en la 'Operación Crucero' pasarán hoy a disposición judicial. En el curso de las investigaciones, la Audiencia Nacional bloqueó unos 50 millones de euros en metálico y cheques al portador que el entramado de Angel De Cabo presuntamente intentaba sacar de España y que provenían de sociedades del grupo Marsans y otras empresas que estaban vinculadas a Gerardo Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, ya fallecido.

En concreto, el dinero bloqueado por la Audiencia procede principalmente del negocio de transporte aéreo, cuyo máximo exponente era la aerolínea Air Comet, así como de las firmas Trapsa, Holdisan y Grudisan.

Además, la Policía encontro ayer dos trofeos de caza -un elefante y una jirafa- durante el registro de la casa de De Cabo, así como 380.000 en metálico en la caja de seguridad de una entidad bancaria cuyo titular era su cuñado Teodoro Garrido. Estos hallazgos se suman al millón de euros encontrado ayer en casa de De Cabo, los 400.000 euros en la de la secretaria Susana Mora y los 150.000 y el kilo de oro que guardaba Díaz Ferrán.

Las investigaciones también han desvelado que Díaz Ferrán obtuvo más de 4 millones de euros con la venta a inversores rusos de una casa en la localidad de Calviá (Mallorca) el pasado agosto, una de las operaciones de ocultación de activos que la Audiencia no pudo paralizar.

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