La Audiencia Nacional celebrará el próximo jueves la lectura pública de la sentencia por el escándalo financiero de Gescartera descubierto en 2001 y que afectó a 4.000 inversores por un desajuste patrimonial que el Ministerio Fiscal cifró en 50,22 millones de euros.
La presidenta del tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Carmen Paloma González, leerá el dictamen a partir de las 11.00 horas en las instalaciones de la Casa de Campo de Madrid, donde se desarrolló la vista oral, ante los 14 acusados y el resto de las partes.
El propietario de Gescartera y principal acusado, Antonio Camacho, se enfrenta a una posible condena de 11 años de prisión por delitos continuados de apropiación indebida y falsedad en documento público y mercantil, según lo solicitado por el fiscal Vicente González Mota. Algunas acusaciones particulares piden para él 20 años de cárcel.
En la misma situación se encuentra el 'número dos' de Gescartera y ex funcionario de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), José María Ruiz de la Serna.
Sin embargo, el imputado que podría recibir mayor condena es Aníbal Sardón, responsable de Administración y Gestión de Patrimonios (AGP), principal comercial de Gescartera. La Fiscalía considera probada la falsedad continuada por los numerosos contratos que firmó con los clientes y pide para él 11 años de cárcel y 5 meses.
Los siguientes acusados son la presidenta de la agencia de valores, Pilar Giménez Reyna, el consejero Francisco Javier Sierra de la Flor y el informático Miguel Angel Vicente González, para los que se piden ocho años de prisión por apropiación indebida.
También están acusados, la administradora única de AGP, Inmaculada Baltar y los asesores fiscales Agustín Fernández Ameneiro y Julio Rodríguez Gil para los que la Fiscalía pide seis años de cárcel por apropiación indebida.
Por último, se piden tres años de prisión por su complicidad en la trama para el empresario y testaferro Carlos Pascual Ortín y los empleados de la sucursal de 'La Caixa' de Majadahonda (Madrid) José Alfonso Castro Mayoral y Miguel Carlos Prats.
El fiscal retiró su acusación contra la mujer de Camacho, Laura García Morey, y contra la contable de Gescartera, Angeles Leis. La mayoría de las acusaciones particulares mantuvieron la acusación contra ellas.
Anticorrupción considera responsables civiles subsidiarios del dinero defraudado a Caja Madrid Bolsa y 'La Caixa', sobre los que podría recaer el pago de indemnizaciones todavía por determinar.
El macro juicio quedó visto para sentencia el pasado 18 de diciembre, tras tres meses de vista oral y 39 sesiones. En la vista oral estuvieron personadas cerca de cuarenta acusaciones particulares, el Ministerio Fiscal, los responsables civiles subsidiarios, los partícipes a título lucrativo y perjudicados, lo que sumaron un total de 100 partes personadas. El sumario ocupó 50.000 folios y estuvo instuido por la jueza Teresa Palacios.
Entre las acusaciones particulares se encuentran la Fundación Once, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Gestora del Fondo General de Garantía de Inversiones (FOGAIN), así como numerosas órdenes religiosas.
El 'caso Gescartera' saltó en junio de 2001 cuando la CNMV intervino la agencia de valores, ante sospechas de malas prácticas y ausencia de información real sobre su situación. El dinero defraudado continúa en paradero desconocido.
La repercusión del escándalo alcanzó al entonces secretario de Estado de Hacienda bajo el Gobierno del Partido Popular y hermano de la presidenta de Gescartera, Enrique Giménez Reyna, así como a la entonces presidenta de la CNMV, Pilar Valiente. Ambos se vieron obligados a dimitir.
