El magistrado reclama al Ministerio de Industria, Energía y Turismo toda la información que haya reunido hasta ahora
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno se ha declarado hoy competente para investigar los efectos del caso Volkswagen en España, la víspera de que se reúna el grupo de trabajo creado por el Gobierno y los sindicatos para velar por las inversiones comprometidas por el grupo alemán.
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 imputa en un auto a Volkswagen como persona jurídica y la emplaza a que designe un representante que deberá personarse en las dependencias judiciales el próximo 10 de noviembre acompañado por un abogado y un procurador.
Además, el magistrado reclama al Ministerio de Industria, Energía y Turismo toda la información que haya reunido hasta ahora, incluido el dictamen de la Agencia Medioambiental de Estados Unidos (EPA), sobre el software instalado en los coches de las marcas Volkswagen, Volkswagen Comerciales, Audi, Seat y Skoda que altera a la baja las emisiones de los motores diésel EA189 Euro5.
El Grupo reconoció el pasado 18 de septiembre que este programa está activo en cerca de medio millón de unidades en Estados Unidos. En todo el mundo está montado en 9,5 millones de propulsores, de los que 700.000 están en modelos de Seat, de los cuales unos 140.000 circulan en España.
El titular del Juzgado número 2 de la Audiencia Nacional también exige a Industria un informe acerca de dictámenes periciales que se hayan efectuado para corroborar el de la EPA, así como los que haya recibido sobre la materia, ya sean del Grupo Volkswagen o de otras entidades implicadas.
Del mismo modo, pide al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente los dictámenes periciales que haya podido realizar de los vehículos supuestamente manipulados con el objeto de determinar su grado de emisiones nocivas.
A Volkswagen le reclama todos los comunicados oficiales emitidos sobre este asunto, la relación de los vehículos afectados en España, el organigrama de la filial española y la lista de las medidas adoptadas para subsanar lo ocurrido.
También pide que identifique a la empresa a la que se encargó la fabricación del software y un informe acerca de la instalación del programa informático.
Las fuentes consultadas por Efe en el Grupo Volkswagen-Audi España han declinado hacer declaraciones.
Previsiblemente la imputación se analizará mañana en la primera reunión del grupo de coordinación y seguimiento de las inversiones del Grupo Volkswagen en España creado el pasado día 13 por el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT y en el que están representadas las comunidades de Cataluña y Navarra.
El grupo se constituyó para velar por los compromisos de inversión anunciados el pasado 8 de mayo por Volkswagen en España por importe de 4.200 millones y para lograr más carga de trabajo a partir de 2019.
Ese día, el gigante alemán se comprometió a destinar 4.200 millones de euros en las fábricas españolas de SEAT en Martorell (Barcelona) y de Volkswagen en Landaben (Navarra) hasta 2019.
Posteriormente, el 8 de septiembre el consorcio automovilístico alemán concretó que 3.300 millones irán a Martorell entre 2015-2019 para mejorar equipos, instalaciones e impulsar el I+D, de los que una gran parte irán al desarrollo y lanzamiento de cuatro nuevos modelos en los dos próximos años.
Sin embargo, el pasado día 6 el nuevo consejero delegado del consorcio automovilístico, Matthias Müller, anunció una revisión de todas las inversiones previstas por el Grupo Volkswagen.
Aunque el Gobierno y los sindicatos dan por hecho que esta decisión no afectará a los 4.200 millones de euros comprometidos, quieren un plan para España que para 2019 asegure la misma carga de trabajo de la que actualmente disponen las dos plantas del fabricante alemán.
En declaraciones a EFE, el presidente del comité de empresa de SEAT, Matías Carnero (UGT), ha dicho de la reunión de mañana que espera que "no les hagan perder el tiempo y les digan algo dentro del mutismo que mantienen el Gobierno y el Grupo Volkswagen".
