La reforma laboral socialista contempla también un mayor control sobre los desempleados

El Congreso da luz verde al abaratamiento de los despidos

Corbacho atiende a los medios de comunicación. (Foto: José Huesca)
El Gobierno logró ayer sacar adelante la reforma laboral que abaratará el despido y ejercerá un mayor control a los desempleados, después de dos meses de tramitación en su paso por el Congreso y el Senado, y gracias a la abstención del PNV en la votación. El Pleno de la Cámara Baja aprobó definitivamente el proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo, después de eliminar la mayoría de los cambios propuestos por los grupos en el Senado e introducir sólo las enmiendas del PSOE y una del BNG.
Así, la nueva ley mantiene los puntos más controvertidos del texto inicial de la reforma que presentó el Gobierno en junio, especialmente los referidos a la contratación y a los despidos. De esta forma, el texto incluye que las empresas puedan despedir a los trabajadores por causas económicas con 20 días de indemnización, no sólo cuando tengan pérdidas, sino también cuando prevean tenerlas, o tengan una persistente caída de ingresos.

También generaliza el contrato de fomento del empleo, que conlleva una indemnización de 33 días por año trabajado, al incluir a los trabajadores fijos de entre 31 a 45 años que hayan sido despedidos. Además, establece mayor control a los desempleados, que podrán ser sancionados si rechazan cursos de formación en un plazo no superior a 30 días, al tiempo que facilita el despido por faltas al trabajo y rebaja al 2,5% el índice de absentismo total que puede tener una empresa y que marca el despido objetivo individual.


ENMIENDA DEL BNG

Los socialistas consiguieron ayer tumbar todas las enmiendas presentadas en el Senado, salvo las propias y una del BNG referida a las prestaciones de los contratos parciales, por la que los trabajadores podrán cobrar por horas y no por días. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, defendió la reforma porque cree que es 'equilibrada y ambiciosa' y da más seguridad a empresarios y trabajadores. Por su parte, la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, dijo que permitirá a España ser más competitiva, ya que dará respuesta a la falta de flexibilidad del mercado laboral.

El PP acusó al Gobierno de no escuchar a los partidos políticos y auguró que la reforma no generará confianza, ni consumo, ni aumentará la producción ni el empleo. Para CiU, se trata de una oportunidad perdida que no corrige la temporalidad, opinión compartida por el PNV, que considera que la reforma no resuelve los problemas estructurales que afectan a la competitividad.

Más duros fueron los partidos de izquierda que animaron a secundar la huelga general del 29 para intentar que el Gobierno rectifique.

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