El Gobierno quiere que las grandes empresas de más de 500 trabajadores y que, pese a haber tenido beneficios en los dos últimos años, realicen expedientes de regulación de empleo (ERE) que afecten a trabajadores mayores de 50 años efectúen una 'aportación económica' al Tesoro Público para compensar el impacto que ello supone en el sistema de protección por desempleo.
Así lo refleja una enmienda presentada por el PSOE al proyecto de ley de reforma de las políticas activas de empleo, en la que se plantea que dichas aportaciones podrán destinarse 'total o parcialmente' a generar créditos para la financiación de políticas activas de empleo de los trabajadores de más edad.
Para el cálculo de la aportación económica se tomarán en consideración el importe de las prestaciones y subsidios por desempleo de los trabajadores de 50 o más años afectados por el expediente de regulación de empleo, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal.
Asimismo, se tendrá en cuenta una escala diseñada en función del número de trabajadores de la empresa y el de aquellos mayores de 50 años afectados por el despido colectivo, así como de los beneficios de la empresa. Además, se determinarán reglamentariamente el procedimiento, la forma y el momento en que deberá hacerse efectiva la aportación.
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, señaló que su idea era que una empresa de 'suficiente tamaño', que tenga 'un volumen de beneficio suficientemente amplio' y lleve a cabo EREs con consumo de prestaciones por desempleo, 'contribuya a que el gasto (para las arcas públicas) disminuya pagando ella misma la prestación', si bien esta idea no ha quedado finalmente recogida en la enmienda en estos términos exactos. Además, el texto presentado por el PSOE concreta los requisitos de los procesos sujetos a esta obligación, como el que sean realizados por empresas de más de 500 trabajadores (Telefónica anunció una medida así y un premio para directivos hace semanas) o que formen parte de grupos empresariales que empleen a ese número de trabajadores.
Para el cálculo de la aportación económica se tomarán en consideración el importe de las prestaciones y subsidios por desempleo de los trabajadores de 50 o más años afectados por el expediente de regulación de empleo, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal.
Asimismo, se tendrá en cuenta una escala diseñada en función del número de trabajadores de la empresa y el de aquellos mayores de 50 años afectados por el despido colectivo, así como de los beneficios de la empresa. Además, se determinarán reglamentariamente el procedimiento, la forma y el momento en que deberá hacerse efectiva la aportación.
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, señaló que su idea era que una empresa de 'suficiente tamaño', que tenga 'un volumen de beneficio suficientemente amplio' y lleve a cabo EREs con consumo de prestaciones por desempleo, 'contribuya a que el gasto (para las arcas públicas) disminuya pagando ella misma la prestación', si bien esta idea no ha quedado finalmente recogida en la enmienda en estos términos exactos. Además, el texto presentado por el PSOE concreta los requisitos de los procesos sujetos a esta obligación, como el que sean realizados por empresas de más de 500 trabajadores (Telefónica anunció una medida así y un premio para directivos hace semanas) o que formen parte de grupos empresariales que empleen a ese número de trabajadores.
