Las entidades tendrán que provisionar otros 30.000 millones de euros más por su exposición inmobiliaria teóricamente sana

El Gobierno teje una red de seguridad para sanear y proteger a los bancos

El ministro De Guindos con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. (Foto: S. BARRENECHEA)
Garantizar la solvencia y la ausencia total de dudas sobre las entidades. Es el objetivo que se marcó el Gobierno y para ello tejió una 'red de seguridad' sobre la banca española que deberá destinar otros 30.000 millones de euros para provisionar créditos al sector inmobiliario y promotor sanos que aún no registran incidencias de pago. Las provisiones por deterioro de valor en la cartera de crédito promotor se elevaron del 7% contemplado en el decreto de febrero al 30% del total de alrededor de 122.000 millones de euros que están al corriente de pago.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, concretó que se obligará a la banca a provisionar el 52% de los 25.000 millones de préstamos destinados a financiar suelo y otro tanto del crédito sin garantía real (18.000 millones). Asimismo, se exigirá una cobertura de un 29% para los 16.000 millones en promociones en curso y el 14% para aquellas terminadas, que alcanzan un importe de 61.000 millones.

Las entidades tendrán que presentar ante el Banco de España sus planes para cumplir con las nuevas exigencias antes del 11 de junio, que se suman al saneamiento de 54.000 millones de euros en la cartera de crédito problemático, por lo que la limpieza total del sector ascenderá a unos 84.000 millones de euros.

'El conjunto de las provisiones cubrirá un 45% de los activos ligados al sector promotor', sentenció el titular de la cartera de Economía, que aclaró que estas provisiones se deberán realizar a cargo de los beneficios de las entidades, por lo que se asumió que saldrán de las 'cuentas de pérdidas y ganancias'.


OPCIONES PARA LAS ENTIDADES

Tras este saneamiento, las entidades que presenten déficit de recursos propios o de capital se capitalizarán a través de inversores privados o, en su defecto, podrán solicitar al FROB la suscripción de bonos convertibles contingentes en acciones, los denominados 'cocos'. Además, De Guindos elevó al 30 de junio el plazo para presentar planes de integración.

'En el caso de acudir al FROB, no se trata de ningún tipo de ayuda o subvención pública', afirmó el ministro, para después concretar que los intereses de estos bonos convertibles serán del 10%.

Por este motivo, De Guindos limitó a 15.000 millones de euros de dinero público el eventual coste del saneamiento financiero. En este sentido, el ministro indicó que en principio el eventual respaldo público al sector bancario no costará dinero a los contribuyentes, porque lo que se hace es poner a disposición de las entidades unos recursos que deben ser reembolsados y con una remuneración para el Estado.

Esta segunda vuelta de tuerca en el sistema financiero en el intento de hacer fluir el crédito y para que se estimule la venta de viviendas a 'precios reducidos'.

Asimismo, el Gobierno ha encargado a dos expertos independientes la valoración de toda la cartera de servicios de la banca española. De Guindos ha apuntado que no debería existir 'conflictos de intereses' entre estos valoradores, como, por ejemplo, que parte del negocio dependa de clientes en España.

'Serán instituciones con el máximo prestigio y sin conflictos de interés', ha garantizado el ministro, quien ha agregado que no necesariamente deberán ser sociedades especializadas en carteras de préstamo promotor. 'Hay consultoras, bancos de inversión y gestoras de patrimonio', ejemplificó el ministro.

Por otra parte, en el marco de esta nueva fase de la reforma financiera el Ejecutivo obligará a la banca a separar sus activos vinculados al 'ladrillo' en sociedades independientes antes del próximo 31 de diciembre.

Estos activos se trasladarán a un precio de valor contable menos las provisiones acumuladas por las entidades para cumplir con las exigencias establecidas en el real decreto de febrero y el aprobado este viernes.

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