La nómina mensual de las pensiones contributivas de la Seguridad Social ascendió a 10.887 millones de euros en octubre, lo que supone un crecimiento interanual del 4,5 % en términos homogéneos, de acuerdo con los datos publicados este martes por la Seguridad Social.
Tres cuartas partes de la nómina (72,5 %) han ido a pensiones de jubilación, con un total de 7.890,2 millones, mientras que a las pensiones de viudedad se han destinado 1.836 millones; a las prestaciones por incapacidad permanente, 982 millones; a las de orfandad, 149,8 millones; y las prestaciones en favor de familiares, a 28,5 millones.
El gasto de octubre equivale al 11,8 % del PIB, frente al 12,1 % de un año antes.
La pensión media del sistema -que comprende todas las clases de pensiones- ascendió en octubre a 1.093,13 euros mensuales, el 3,7 % más interanual en términos homogéneos.
La pensión media de jubilación se situó en 1.257,9 euros mensuales, aunque sube a 1.405,9 euros en el caso del régimen general y baja a 837,3 euros para el régimen de autónomos.
La cuantía media de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió a 1.435,7 euros mensuales en septiembre, de acuerdo con el último dato disponible.
Por su parte, la pensión media de viudedad en octubre fue de 780,6 euros al mes.
En octubre se abonaron 9.959.123 pensiones contributivas a 9.022.989 pensionistas, de los que 4,6 millones son hombres y 4,4 millones mujeres.
La pensión principal es la de jubilación para 6,2 millones de personas, seguida por la de viudedad para 1,6 millones, la de incapacidad permanente (943.539), la de orfandad (323.925) y favor de familiares (43.766).
Un total de 341.470 pensiones han percibido el complemento por brecha de género, de las que un 93 % son mujeres, con un importe medio mensual de 61,4 euros.
La nómina mensual de pensiones de clases pasivas ascendió a 1.328,8 millones en septiembre, último dato disponible, para un total de 685.478 pensiones, un 1,7 % más anual.
El régimen de clases pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.
