El sector reglado cuenta con 1,43 millones de plazas, frente a más de 2 millones de los irregulares
Las empresas hoteleras reclamaron ayer a las administraciones públicas que actúen en contra de la oferta de alojamiento ilegal, que ya supera "con creces" a la reglada, aplicándole las mismas reglas de juego con las que compiten todos los actores del sector turístico en España. El sector de alojamiento reglado español, que incluye hoteles, cámping, pensiones, casas rurales, apartamentos, hostales y fondas, cuenta con 1,43 millones de plazas frente a más de 2 millones de la oferta ilegal, según los datos facilitados por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat).
En un manifiesto, hecho público ayer, la confederación advierte del incremento de la actividad económica ilegal y de la economía sumergida de la mano de plataformas de internet que actúan como intermediarias y que gozan de una total permisividad, gracias al vacío legal existente. El presidente de Cehat, Juan Molas, aclaró, en rueda de prensa, que el sector alojativo no pretende impedir el alquiler de viviendas -que de hecho siempre ha existido-, sino que los nuevos operadores tengan que entrar en el mercado turístico con las mismas "varas de medir" que la oferta reglada.
Falta de legislación
Según Molas, las plataformas de internet que se intentan justificar con el concepto de economía colaborativa, están gozando de la inversión de fondos de capital riesgo que les están aportando fortaleza para seguir creciendo, "gracias a una falta de legislación adecuada que les hace operar beneficiándose de vacíos legales". Molas aseguró que estas plataformas que ingresan comisiones elevadas, argumentando que favorecen el intercambio de viviendas entre particulares, en realidad, están desarrollando una actividad económica que, en el caso del turismo, está ampliamente regulada y protegida por todas las administraciones.
"Denunciamos abierta y públicamente la permisividad y connivencia de algunas administraciones con la economía sumergida que provoca defectos graves en aquellos que cumplimos la normas y las leyes", agregó. A su juicio, el sector tiene una amplia, "a veces excesiva", regulación por parte de las diferentes administraciones públicas, por lo que "no es razonable que conviva un mercado fuertemente regulado con otro absolutamente liberalizado".
Molas recordó que el sector turístico es la primera industria de España, que aporta 113.000 millones de euros al PIB del país y genera 2 millones de puestos de trabajo, y está sometido a normativas comunitarias, autonómicas y municipales, y todas las administraciones tienen competencias para ello. El sector de alojamiento, que genera 268.000 empleos directos y más de 300.000 indirectos, ha sufrido en los últimos años una caída drástica de la rentabilidad, debido a las políticas de descensos de precios que han aplicado los hoteleros para mantener la ocupación y el empleo. Los precios están un 15% por debajo de los de 2008.
Propiedades extranjeras
La aparición de miles de viviendas privadas para uso turístico con precios inferiores, por su falta de cumplimiento de las normativas aplicables, hará disminuir aún más los precios en hoteles con consecuencias negativas en rentabilidad, empleo, inversión y problemas financieros, advirtió. Además, hay una gran cantidad de viviendas particulares que están en manos de extranjeros, con lo cual la facturación por esta actividad no se ingresa en España, al ser contratadas también por clientes extranjeros en el exterior.
Por todo ello, pidieron a los responsables turísticos un "apoyo decidido" a las empresas y trabajadores del sector, "dejando de lado modelos cortoplacistas y electoralistas que se traducirán en un deterioro de las garantías a los consumidores y una falta de regulación que acabará con el liderazgo del turismo español a nivel mundial".
