El Gobierno busca extender los planes promovidos por las empresas con comisiones más bajas
El “macrofondo” público de pensiones en el que trabaja el Gobierno busca extender en España los planes de pensiones promovidos por las empresas con comisiones más bajas e incentivos fiscales, un aspecto aún no incluyó en el proyecto que será clave para ampliar con éxito un modelo hasta ahora minoritario.
El borrador del anteproyecto de ley, presentado esta semana a patronal y sindicatos y en el que trabajan varios ministerios, recoge los detalles de las dos patas que el Gobierno quiere desarrollar para extender los planes de pensiones de empleo -los promovidos por empresas o instituciones para sus trabajadores-, que actualmente solo cuentan con 1,9 millones de partícipes en España.
Por un lado, se articula la puesta en marcha de ese gran fondo (que en realidad serán varios) de promoción pública gestionado por empresas privadas y, por otro, se desarrolla una nueva figura, los “planes de pensiones de empleo simplificados”, que tendrán cabida en dicho “macrofondo”.
El fin, destaca el borrador, es “fomentar la creación de nueva previsión social complementaria incardinada en las empresas y facilitar el acceso a los planes de empleo a colectivos que, hasta ahora, encuentran dificultades para acceder a los mismos”.
En España, añade, los planes privados colectivos complementan pensiones a poco más del 10% de la población activa ocupada, mientras que en Europa el nivel de empleados protegidos va en un rango amplio del 25% al 90%.
13 MILLONES DE PARTÍCIPES
Desde el principio, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, explicó que este fondo público de pensiones se constituirá como “una alternativa” a los individuales con “comisiones asequibles”, un 0,5 %, y con mejoras en las rentabilidades al elevar el volumen gestionado. El borrador recoge que en el “macrofondo” público podrán entrar planes de empresa fruto de negociación colectiva, así como planes de administraciones públicas, sociedades mercantiles públicas, asociaciones de trabajadores autónomos, colegios profesionales o mutualidades.
En cifras, según se detalla en el plan de recuperación remitido a Bruselas, se busca que en 2030 haya 13 millones de trabajadores partícipes en estos planes y que, a más largo plazo, cubran al 80% de la población activa ocupada.
En volumen de activos gestionados se fija que, en términos de PIB, pasen de menos del 3% actual al 9% al final de esta década, lo que supone unos 100.000 millones, para escalar al 18% del PIB en 2040 y al 31% en 2050, “convirtiéndose en una fuente fundamental de financiación privada de las inversiones para la transición energética y digital”.
