El Banco Santander compra la entidad bancaria por 150 millones, y recibirá una ayuda de más de 2.000 millones de euros para contingencias futuras
La liquidación del Banco Internacional do Funchal (Banif), que implicará un desembolso público de cerca de 3.000 millones de euros, supone la primera prueba de fuego para el nuevo Gobierno socialista de Portugal.
Cuando todavía no se ha cumplido un mes desde que tomara posesión, el nuevo Ejecutivo se ha visto obligado a aprobar una medida de resolución para la entidad que exige alterar los presupuestos del Estado para 2015 y generará costes multimillonarios para las arcas públicas.
La solución adoptada con el Banif supone la venta de la actividad de la entidad y de sus activos saludables al español Banco Santander por 150 millones de euros.
El acuerdo firmado con el Santander incluye una inyección de fondos públicos para reforzar la liquidez de la entidad comprada -cerca de mil millones de euros- y una garantía para cubrir posibles riesgos de los activos incluidos en la operación por valor de unos 750 millones de euros.
"Esta venta tiene un coste muy elevado para los contribuyentes pero es, en el contexto actual, la mejor solución que defiende el interés nacional", aseguró el primer ministro en una intervención televisada al país a medianoche, poco después de conocerse la decisión.
Muy lejos de ser el escenario más deseado para un arranque de legislatura, el Gobierno socialista se vio apremiado a buscar una solución para el que era el octavo mayor banco luso a nivel de activos.
Para introducir los cerca de 3.000 millones de euros que tendrá de impacto la operación en las cuentas públicas, el Gobierno luso aprobó hoy con carácter de urgencia un presupuesto rectificativo para 2015.
No obstante, aseguró que este desembolso no será incluido en la contabilidad que realiza la Comisión Europea para calcular la cifra de déficit debido a la "naturaleza de esta operación", por lo que a priori no deberá impedir a Portugal cumplir la meta de déficit, situada en el 3 % del PIB para este año.
El Ejecutivo socialista acusó a la coalición conservadora que le precedió en el cargo de ir aplazando sucesivamente el problema creado en el Banif, lo que en su opinión agravó los costes de la operación que asumirán ahora los contribuyentes.
El Partido Socialista, el marxista Bloque de Izquierda y el Partido Comunista Portugués ya anunciaron que pretenden proponer la creación de una comisión parlamentaria que investigue lo ocurrido en el banco y esclarezca por qué el Banco de Portugal y el anterior Gobierno no actuaron antes.
La acelerada venta y liquidación del Banif ha sido impulsada por la delicada situación financiera en la que ya se encontraba la entidad.
A este escenario se sumaron además otros factores, como la posibilidad de que las autoridades europeas declarasen ilegal la ayuda pública recibida por el banco en 2013 y la entrada en vigor en enero de un cambio normativo sobre liquidaciones bancarias.
En este contexto, el Gobierno socialista optó por avanzar con una resolución que tendrá elevados costes para los contribuyentes y que afectará a las cuentas públicas de los próximos ejercicios.
Según el desglose realizado por la Comisión Europea, de los 3.000 millones de euros de fondos públicos movilizados por esta liquidación, se destinarán 2.255 millones a cubrir posibles "contingencias futuras".
Los activos tóxicos del Banif serán transferidos a un "vehículo de gestión de activos", para lo que se destinará otra ayuda pública de 422 millones de euros.
A estos se suman también una garantía estatal para hacer frente a una hipotética depreciación de la parte vendida al Banco Santander.
Este nuevo apoyo estatal se suma a los 1.100 millones de euros que ya inyectó el Estado portugués en el Banif en 2013 y de los cuales la entidad apenas devolvió 275 millones.
El Banif, que acumulaba cuatro ejercicios consecutivos en pérdidas, centra su actividad en las regiones autónomas de Madeira y Azores y entre los emigrantes portugueses en el extranjero.
