La lucha contra el fraude fiscal permite aflorar 230 millones de euros en Galicia

Las medidas de refuerzo del control tributario y de lucha contra el fraude fiscal a través de la inspección y la gestión tributaria de la Xunta permitieron aflorar 230 millones de euros en 2011. Lo destacó ayer domingo el director xeral de Tributos de la Consellería de Facenda, Carlos Rodríguez, quien explicó que las actuaciones de inspección tributaria realizadas el año pasado alcanzaron un importe de 30 millones, el triple que en 2008; mientras que la gestión tributaria aportó 200 millones.
En este sentido, Carlos Rodríguez señaló que 'una mejor gestión impositiva' trae consigo una 'mayor recaudación' sin necesidad de subir los impuestos o crear nuevas figuras impositivas.

De este modo, resaltó que las prioridades de la política económica del Ejecutivo autónomo deben seguir siendo el empleo, la reducción del gasto público y el establecimiento de un sistema fiscal estable, neutral y eficiente, que permita llevar a cabo rebajas selectivas de impuestos para contribuir a la dinamización de la economía.

Además, abogó por la adopción de medidas para incrementar la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal, que redunden en una mayor recaudación tributaria sin aumentar la presión fiscal.


AXENCIA TRIBUTARIA

Con estos fines, en los próximos meses se podrá en funcionamiento la Axencia Tributaria de Galicia que potenciará la eficiencia en la aplicación de los tributos y la lucha contra el fraude fiscal y mejorará los mecanismos de información al contribuyente, con lo que la sociedad podrá percibir que la administración lleva un adecuado control del cumplimiento tributario.

Entre las finalidades de la nueva agencia, se incluye una mayor especialización del personal encargado de la gestión e inspección tributaria, así como la mejora de los servicios prestados al ciudadano a través de las tecnologías de la información, con el consiguiente ahorro en tiempos y costes.

Según indicó el director xeral, se trata, en definitiva, de garantizar que todos los ciudadanos contribuyan a sostener los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica.

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