La regulación de los alquileres, punto más conflictivo y de tensión entre los socios de Gobierno
El Consejo de Ministros dio ayer su primer visto bueno al anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, que permite a las comunidades limitar el precio del alquiler en las zonas tensionadas a las empresas propietarias de más de diez viviendas. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, defendió que el texto ofrece seguridad jurídica tanto al propietario como al inquilino, que no atenta contra la propiedad privada y que no va a suponer un riesgo para que los fondos de inversión dejen de “considerar atractivo nuestro país”. Por su parte, y desde el PP, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, aseguró que la ley genera “incertidumbre e inseguridad jurídica” y avisó que el PP la recurrirá ante el Tribunal Constitucional si mantiene su “ataque” a la propiedad privada y no se cambia en el trámite parlamentario.
El texto seguirá ahora por la vía de urgencia un procedimiento de audiencia pública y de información pública, tras lo cual podría ser remitido al Consejo de Estado. Raquel Sánchez situó la aprobación definitiva de la ley en el segundo semestre de 2022.
La regulación de los alquileres -que empezaría a afectar a los grandes tenedores 18 meses después de la entrada en vigor de la ley- fue el punto más conflictivo en la negociación que mantuvieron durante casi un año los socios de gobierno. Para los arrendadores particulares y las empresas propietarias de menos de diez viviendas, el texto prevé -solo en zonas tensionadas- que el inquilino pueda pedirles prórrogas anuales del contrato hasta un máximo de tres años con la renta congelada. No obstante, el casero podrá subir la renta en los nuevos contratos hasta un 10%, si en los dos años anteriores la vivienda fue objeto de rehabilitación o de obras de mejora energética y de accesibilidad.
Para incentivar a los pequeños propietarios en las zonas tensionadas, el texto establece una reducción en el IRPF del 90% del rendimiento neto si rebajan un 5% el precio de sus alquileres respecto a la última renta del anterior contrato. La reducción general será del 50% y llegará al 60% en caso de viviendas rehabilitadas en los dos años anteriores y del 70% para el contribuyente que alquile por primera vez su vivienda a jóvenes de entre 18 y 35 años.
Las comunidades podrán declarar un ámbito territorial como zona de mercado residencial tensionado por un periodo de tres años tras constatar que en esa zona la renta de alquiler supera el 30% de los ingresos medios por hogar y que en los últimos cinco años subió cinco puntos por encima del IPC de esa comunidad.
El límite a los grandes tenedores se fija en función de un sistema de índices de precios de referencia que la ministra afirmó que “hay que hacerlo bien, desde el rigor y el análisis de cada territorio”, para lo cual se fija un plazo “máximo” de 18 meses.
Para penalizar las viviendas vacías, el anteproyecto prevé que los ayuntamientos apliquen un recargo del 50% en la cuota líquida del impuesto de bienes inmuebles (IBI) a las que permanezcan desocupadas sin justificación más de dos años; del 100% si está vacía más de tres años y del 150% si el propietario tiene cuatro inmuebles desocupados.
En cuanto a la suspensión de desahucios, la principal novedad es que serán los juzgados los que de oficio paralicen los lanzamientos por impago de alquiler de familias vulnerables durante dos meses, si el demandante es una persona física, y durante cuatro meses si es persona jurídica. Para incrementar el parque de vivienda social, se reserva para la vivienda pública el 30% del suelo urbanizado en las nuevas promociones.
