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Menos control sobre la deuda catalana

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photo_camera Torra, en la ofrenda floral a Maciá, el pasado día 25 de diciembre.

Desde el año 2012 arroja un saldo de 57.923 millones de euros solo en compromisos con los mecanismos de liquidez del Estado. Tres cuartas partes de la deuda de la Generalitat están en manos del FLA.

Cataluña dejará de pedir dinero al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para hacer lo propio en el Fondo de Facilidad Financiera (FFF). Para las comunidades autónomas, entre FLA y el FFF solo hay dos letras de diferencia pero, en cambio, hay más autonomía financiera y menos control de Hacienda. Cataluña, por tanto, se financiará como hasta ahora, recurriendo al Estado y no a los mercados directamente, pero tendrá menos controles de Madrid. Se parecerá más a Galicia, que también le pide dinero al FFF, aunque jugará en otra liga, ya que sus peticiones de fondos se miden en muchos más miles de millones de euros. Están hablando de pedir ahora 6.713 millones para las arcas de la Generalitat, mientras que la Xunta ha hecho peticiones de hasta 800 millones. Podría parecer lógico por su menor dimensión y población pero aunque se extrapolasen las cifras de manera proporcional, comunidades como Cataluña, Valencia o Andalucía, estarían a otro nivel.

En este tipo de cosas unas comunidades se miran a otras con recelo, ya que ha habido intentos de hacer condonaciones de deudas y en el caso de los intereses, algo más que intentos, como denunció el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, refiriéndose a la Comunidad Valenciana, ya en tiempos del Gobierno de Mariano Rajoy.

Resulta que como la Unión Europea no permite las quitas a la deuda pública, existe la tentación de forzar a Hacienda a que el Estado asuma como propia parte de la deuda de las comunidades autónomas o que se haga una reestructuración de los vencimientos y/o de los tipos de interés. “Si los que no pagan al final salen beneficiados, existe un riesgo: que no pague nadie, y si en un país no paga nadie, ese país no funciona”, terció Feijóo al hilo de este debate.

Sobre el papel, el FFF se creó para las comunidades autónomas cumplidoras del objetivo de déficit, para poder financiarse también a interés cero, pero sin perder autonomía financiera. Dicho con otras palabras, tener opción a fondos del Fondo de Facilidad Financiera equivale a cumplir con la senda de la estabilidad y eludir el control férreo del Ministerio de Hacienda sobre las cuentas de cada comunidad.

Estar en el FFF –y no en el FLA– también supone estar más cerca de los mercados, siempre que las agencias de calificación se lo crean. Ahora mismo, por ejemplo, el bono catalán sería un bono basura a ojos de los mercados, mientras que si se revisa su calificación podría acceder en 2020, pongamos por caso, a financiación del mercado, mediante subasta de su deuda. Por los niveles en que se mueve Cataluña estarían en juego cada año entre 8.000 y 9.000 millones de euros, cifra que equivale prácticamente a todo el presupuesto de la Xunta.

Para dar este paso adelante se supone que hay una evaluación del Ministerio de Hacienda, que habría decidido cambiar la forma de control de la Generalitat de Cataluña, tras comprobar que en 2017 cumplió con el objetivo de déficit, el de gasto y con el plazo máximo de pago a proveedores. Si es un mero trámite fiscal o un pacto político, no tardará en saberse. Pero lo más sustantivo es ver qué pasará con la deuda acumulada por la Generalitat, que desde 2012 arroja un saldo de 57.923 millones de euros solo en compromisos con los mecanismos de liquidez del Estado. Puesta la cifra total de deuda en contexto resulta que supone el 300% de los ingresos ordinarios de la Generalitat.

@J_L_Gomez

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