El Montoro de turno se vería obligado a incrementar su asignación a Agricultura para que el sector no reduzca sus ingresos
Dos de las preocupaciones y, en consecuencia, de las demandas históricas del sector agrario en relación con la Política Agrícola Común, se concretaban en la necesidad de una mayor simplificación real de la misma para no tener que montar una asesoría en casa y de ofrecer estabilidad a las explotaciones agrarias en el sentido de que la reforma de hoy no será la contraria a la de mañana, lo que lleva la inseguridad a la hora de invertir a futuro.
Hoy, de cara a la PAC a partir de 2020, esas reivindicaciones y temores tradicionales del sector agrario se quedan cortos ante los interrogantes que se ciernen sobre la misma básicamente por dos cuestiones capitales. Primera, por la posibilidad de que Bruselas opte por plantear formalmente una cofinanciación de las ayudas como pagos directos, tal como ya se contempla a manera de aviso en diferentes documentos comunitarios y que ya ha señalado personalmente el comisario Phill Hogan al sector del vino. Se trata de una situación nueva que preocupa a la Administración española, razón por la cual, parar el golpe constituye uno de los objetivos prioritarios de la ministra de Agricultura Isabel García Tejerina en sus contactos con los colegas de otros países comunitarios como Francia, Italia, Grecia, Polonia, Irlanda o Portugal. Segunda, el peso que vayan a tener todas las prácticas y exigencias en materia de medio ambiente y el cambio climático, desde el laboreo a los tratamientos en el sector agrario a los vertidos o la contaminación en las explotaciones ganaderas. Agricultura ha sido tradicionalmente un departamento que nunca ha creado problemas a los responsables de Hacienda en cuanto el grueso de sus fondos procede de las arcas comunitarias, fondos que obviamente no caen del cielo, sino básicamente de las aportaciones de cada país. En 2016, sobre el presupuesto del departamento de 9.785 millones de euros, la aportación estatal se quedó reducida a solamente 1.979 millones. España recibe anualmente unos 5.000 millones de euros como ayudas directas, lo que supondría para Hacienda la necesidad de aportar una parte importante de ese volumen de fondos para que el sector agrario no ve a limitados unos ingresos que suponen una parte clave de su renta, especialmente para producciones como los herbáceos, el olivar y algunas cabañas ganaderas. Para España ir a una cofinanciación de las ayudas por pagos directos sería un problema si se tiene en cuenta que, en el caso del desarrollo rural, donde ya existe un sistema de cofinanciación, en algunos casos se han perdido fondos comunitario por falta de recursos en la parte nacional.
Para el periodo de 2014 a 2020, los gastos comunitarios en ayudas directas ascenderán a 298.410 millones y de otros 95.578 millones como fondos para desarrollo rural, a los que se suman otras partidas para el funcionamiento de los mercados. En conjunto, la PAC supone entre un 36% y 37% del presupuesto comunitario que actualmente se nutre en un 80% de los fondos que aporta cada Estado miembro en un volumen ligeramente por debajo del 1% de su Producto Interior Bruto, un 16% de los derechos de aduana cada día más bajos por la firma de acuerdos comerciales con diferentes terceros países y un 12% por recursos propios del IVA.
La posibilidad de ir a una cofinancian de los pagos como ayudas directas tiene diferentes orígenes.
La causa más importante radica en la salida del Reino Unido de la Unión Europea que supone un recorte neto a los presupuestos de entre 11.000 y 12.000 millones de euros. Para el sector agrario, el reto en doble. Por un lado se debe enfrentar a unos presupuestos con menos recursos. Pero, por otra parte debe superar una corriente en el seno comunitario dispuesta a destinar más fondos para cuestiones como la inmigración, la seguridad o el empleo en detrimento de otras políticas hasta la fecha más perceptoras de fondos como la agraria.
Frente a esta situación, una via sería la posibilidad de aumentar la aportación de cada país por encima del 1% actual, que hoy ni siquiera se llega a cumplir. La otra vía sería la posibilidad de ir a una PAC también cofinanciada en los pagos directos, algo a lo que se oponen inicialmente países como Francia, Italia, España, Polonia, Irlanda, Grecia o Portugal con la ministra de Agricultura Isabel Garcia Tejerina queriendo hacer un frente común en Bruselas.
En principio, frente a esos riesgos, existe también una corriente muy favorable en los países miembros sobre el peso y el papel de la PAC en el marco comunitario como apoyo para la producción suficiente de alimentos de calidad seguros y a precio sostenible, superando el estereotipo de que el campo vive sin trabajar simplemente para cobrar ayudas. Los datos comunicados por la Comisión sobre los resultados de la reciente consulta pública hecha a toda la sociedad, lo ponen de manifiesto. De las 322.000 respuestas, un 90% consideraron que era necesaria una PAC única para todos los países miembros, lo que ha dado lugar a una UE sin fronteras. Un 88% coincide que la misma es importante por lo que suponía de apoyo a las rentas y un 66% apostaba también porque las ayudas se hicieran como pagos directos. Para un 85% la PAC es importante por su papel para proteger el medio ambiente, un 73% la apoyaba por su papel para frenar el cambio climático, un 86% por su peso en la cohesión social y territorial y finalmente otros 97% considera clave la PAC para luchar contra los desajustes y desequilibrios en la cadena alimentaria frente al peso de la gran distribución.
Al margen de que en el futuro haya una reforma con o sin ayudas cofinanciadas, la realidad es que en cada campaña ya se están traduciendo en nuevas exigencias, cuestiones como la sostenibilidad de elementos claves como el agua, el aire y el suelo muy por encima de las políticas de producción que afectan al uso de productos fitosanitarios, sin que en algunos casos haya en el mercado productos sustitutivos eficaces, el uso más racional de los fertilizantes para evitar la contaminación de los suelos, los vertidos de residuos ganaderos o las emisiones de gases contaminantes de efecto invernadero.
En principio, la base de las preocupaciones se concreta en las disponibilidades presupuestarias. La Comisión ha hecho sus cuentas para señalar a continuación que la respuesta la tienen los países miembros si están o no dispuestos a mantener la actual redistribución de los fondos o a poner más dinero sobre la mesa para cubrir ese 80% que procede de sus aportaciones en función de su Producto Interior Bruto.
