Decenas de miles de pensionistas se manifestaron por toda España –también en Galicia–, donde se registraron un centenar de protestas para reclamar subidas. Pero el problema no es precisamente nuevo.
Fueron muchos los jubilados que salieron a la calle para reclamar subidas de sus pensiones. Otras personas pidieron garantías de futuro para las suyas. El problema no es nuevo y las soluciones conocidas, tampoco. Pero si algo está claro es que las pensiones no se garantizarán con parches ni demagogia. Tampoco con falsas expectativas. Por delante está un reto para el consenso, donde están llamados a participar partidos políticos, sindicatos y patronales. Es preciso un nuevo pacto social en España, a ser posible fuera de la lucha partidaria.
Cada año faltan 18.000 millones de euros para pagar las pensiones; es decir, tres veces las inversiones reales del Estado. Pero también hay otra manera de verlo: bastaría recuperar los ingresos del impuesto de Sociedades para tapar ese agujero. Quiere eso decir que con el mismo PIB, la economía española permitía recaudar por sociedades 16.000 millones más en 2007 que ahora. Algo se está haciendo mal. Y algo se puede hacer mejor, en beneficio de la mayoría.
Para algunos parece todo esto es nuevo, pero no es así. Incluso lo vieron a miles de kilómetros de distancia, hace ya 6 años. Por ejemplo, desde el influyente diario The New York Times, rotativo que en 2012 también advertía: “Dado que los parados de larga duración están empezando a perder las prestaciones por desempleo, la pensión se ha convertido en la principal fuente de financiación de cientos de miles de familias”. Así fue. Durante la crisis, la única renta que se mantuvo a duras penas fue la de los pensionistas, más de ocho millones de personas, de quienes dependieron a menudo hijos y nietos, de ahí que los jubilados se adelantasen ya en 2012 a los jóvenes en nivel de gasto.
En defensa del Gobierno habría que decir en este caso, que las cosas hubieran ido peor en caso de haber rescate total –no solo del sector financiero–, ya que siempre que hay rescates terminan por tocar las pensiones. Sucedió en Portugal, sin ir más lejos.
Desde 2012 el Banco de España viene pidiendo al Gobierno medidas de control de gasto en las pensiones. Y más o menos desde esas fechas hubo editoriales y artículos de fondo en varios medios, entre ellos La Región, donde se proponía abordar una reforma de las pensiones para asegurar su sostenibilidad. La propia Comisión Europa especuló con una reforma de las pensiones a raíz del rescate bancario.
Antes veíamos un argumento favorable al Gobierno de Rajoy. Pero son más los negativos, incluso cuando se compara con el Ejecutivo de Zapatero. El último golpe a las pensiones se produjo en realidad el 30 de noviembre de 2012, al decidir el Gobierno que no compensaría el desfase del IPC, con lo cual un jubilado con pensión media (835 euros al mes) se quedó ya entonces sin 222 euros de paga compensatoria y 214 por la inflación.
Las pensiones perdieron más en un año con Rajoy que en toda la era ZP, ya que la merma de poder adquisitivo de 1,9 puntos con el PP superó los 1,2 puntos perdidos con el PSOE, bajo cuyo gobierno, entre 2004 y 2011, las prestaciones mínimas habían subido en torno al 50 %. El mantenimiento del poder adquisitivo fue, de hecho, la última promesa incumplida de las que le quedaban a Rajoy.
Hoy por hoy se sabe más de lo que piensa el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las pensiones españolas –es partidario de más inmigrantes y más ahorro privado– que de lo que propone –de verdad– el presidente del Gobierno.
@J_L_Gómez
