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El problema se mide en miles de millones

Imagen del Congreso de los Diputados en la última sesión plenaria.
photo_camera Imagen del Congreso de los Diputados en la última sesión plenaria.
Si no hay confianza en el Gobierno, todo puede ser aún peor, ya que en sus manos están los grandes asuntos públicos –la sanidad y la educación– y los problemas de un sector privado que no se sostiene solo.

Las cartas están boca arriba y en general no son buenas, propias de una mala mano. Cayó el PIB del primer trimestre por encima del 5% y la previsión del Gobierno es que caiga el 9,2% en el conjunto del año. Lógicamente, algo así provoca una pérdida de empleo, el Estado ingresa menos, el déficit aumenta y la deuda pública se dispara. Es de libro.

Se trata de una situación crítica, comparable por sus datos al impacto de una guerra, pero con tres rasgos muy particulares: 1) el origen de esta crisis no es comparable con otras situaciones vividas anteriormente desde que la globalización se ha desarrollado, 2) el Estado juega ahora un papel mucho más relevante que en el pasado, y 3) el coronavirus ha sido capaz de destruir muchas vidas en todo el mundo, como una guerra, pero no ha destruido ninguna infraestructura. Si las cosas se hacen bien, todo sigue en pie para volver a producir.

Cada país debe saber buscar su mejor salida, partiendo de unas pautas sanitarias más o menos comunes, y en el caso de la Unión Europea hay un marco limitado de solidaridad entre estados, que incluye sobre todo líneas de crédito a las empresas para que no se vengan abajo y destruyan el empleo. España pudo hacerlo mejor o peor que otros países, pero la realidad es común en muchos aspectos y en otros, claramente desfavorable.

La economía española ya estaba renqueante antes de la llegada del coronavirus y sus cuentas públicas eran las que eran: peores que las de otros socios europeos, salvo los del furgón de cola. Además, su modelo productivo depende en un alto porcentaje del turismo y esto le perjudica ahora de manera notable, ya que no es lo mismo reactivar la industria 4.0 que unos servicios dispersos y con poco valor añadido.

Lo más probable en la economía privada es que haya sectores que salgan bien de esta y otros que se queden atrás, del mismo modo que sucederá con las propias empresas. En la medida en que el sector público tendrá que hacerse cargo de sus propios problemas –sanidad, educación, etcétera– y de muchos otros del ámbito privado –ERTEs, ayudas, créditos, avales, etcétera–, merece un capítulo aparte.

Al tiempo que el aumento de los gastos va a medirse en miles de millones de euros, la caída de los ingresos no se quedará atrás. Las cifras que se barajan por parte del Gobierno no hay que descartar que empeoren, pero ése no es el único problema. Hay otro añadido: la falta de confianza en el Gobierno.

Como los ejecutivos de cualquier otro país, el de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hizo cosas bien y mal en la gestión de esta crisis, pero hay algo en lo que es singular: no sabe pactar –ni con la Oposición ni con las autonomías– y no es capaz de generar suficiente confianza. Si ambas cosas fuesen malas solo para los partidos del Gobierno, el PSOE y Podemos, no pasaría nada grave –en democracia, para casos así está la alternancia–, pero el problema trasciende al propio ejecutivo, que debe enderezar el rumbo, ante la ausencia de margen para convocar elecciones generales en un momento así.

¿Qué significa enderezar el rumbo? Al menos tres cosas: 1) ceder lo suficiente para que el Estado de las autonomías pueda funcionar, que no lo está haciendo, 2) pactar la salida con la oposición, los empresarios y los sindicatos, y 3) decir la verdad. Las explicaciones del Gobierno sobre cómo afrontará el déficit público no son creíbles. 


Al alza | El déficit

El impacto de la crisis del coronavirus hará que el déficit suba al 10,34% y la deuda pública escale al 115,5% del PIB en 2020. Palabras mayores. El agujero que prevé el Gobierno sobre sus cuentas públicas es mucho mayor que el de las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que pronosticaba que España termine 2020 con un déficit del 9,5% y que la deuda suba al 113% del PIB. Son estimaciones producto de la incertidumbre que aún podrían empeorar si hay rebrote tras el verano.

A la baja | El empleo

El Plan de Estabilidad enviado a Bruselas estima una caída de la actividad en España del 9,2% en 2020 y una recuperación del 6,8% en 2021, contexto en el que el paro ascenderá al 19%. Para paliar la grave situación de las cuentas públicas, el Gobierno ve necesario la aprobación de dos figuras impositivas que ya están en el Congreso: 1) el impuesto de actividades digitales, y 2) la tasa de transacciones financieras, además de tramitar cuanto antes la Ley de lucha contra el fraude fiscal.


Protagonistas

Nadia Calviño | Vicepresidenta económica - Tanto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital negaron que se vaya a dar “una masiva subida de impuestos”. A la vista de déficit que anunciaron suena a milagro.

Mª Jesús Montero | Ministra de Hacienda - Dice que el Gobierno de coalición del PSOE y Podemos no se plantea “ajustes en el sector público”, como hicieron los Gobiernos de Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy durante la crisis financiera con la bajada de sueldos de los funcionarios. ¿Seguro?

Antonio Garamendi | Presidente de la CEOE - Afea el papel del Gobierno por la falta de materiales de protección necesarios frente al coronavirus, que provocó “parte del retraso” en la desescalada, y dice que las empresas fueron “más eficientes” en traer los equipos de protección individual.

Antón Costas | Catedrático de Economía - Los gobiernos y los bancos centrales deben seguir haciendo lo que hacen aún con mayor agresividad. El aumento del déficit y de la deuda no es estructural, sino de una sola vez. Cuando la economía vuelva a crecer será el momento de reducirlos.

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