El fracaso de la investidura de Sánchez está leyéndose en clave política. Para los partidos, el frustrado proceso se ha convertido en una especie de gran ring donde medir sus fuerzas, tanto para tomar posiciones en esta legislatura como para ver las consecuencias de unas nuevas elecciones en noviembre, si fuese el caso. Entre los votantes se observan tres posiciones: la de quienes critican o defienden a los principales protagonistas de la investidura, la de quienes toman distancia de todos ellos y se refugian en sus cosas, y la de quienes empiezan a preocuparse por lo sucedido. Estos últimos no son seguramente la mayoría pero, visto lo visto, podrían ser los más juiciosos.
Si bien puede parecer solo un divertimento de la clase política, en medio de su gran teatro, lo sucedido en el Congreso tiene un precio. Un alto precio, que podría medirse en varios miles de millones de euros, sin caer en ninguna exageración.
Entre las consecuencias de no tener Gobierno en España está una tan evidente como no tener presupuestos, lo que significa que a día de hoy se corre el riesgo de arrancar 2020 con las cuentas de 2018, hechas por cierto por un partido –el PP– distinto del que gobierna en funciones, el PSOE. Bastaría solo este punto para justificar la imperiosa necesidad de que haya Gobierno, pero hay muchos más. El más inmediato, la amenaza del Brexit sin acuerdo, que podría producirse con un Gobierno en funciones que tendría que tomar medidas, sí o sí.
A la falta de Presupuestos y la amenaza del Brexit se suma el aplazamiento de las reformas estructurales pendientes, pero necesarias, en materias como la financiación autonómica, las pensiones o la legislación laboral. Tampoco son menores otros asuntos como la renovación del Poder Judicial, la liquidación de deudas con las autonomías por el IVA de 2017 o el tratamiento de las comunidades cumplidoras del déficit, como es el caso de Galicia. Bastaría profundizar un poco más para tropezar con otro asunto donde están en juego miles de millones de euros, como el recorte de gasto ordenado por Bruselas, por no hablar de los riesgos de incumplimiento de los objetivos 2030 de la reforma energética.
La cosa parece divertida pero en realidad es triste, y terminará por afectar a la vida de la gente, no solo de los políticos. Para las empresas y las administraciones públicas los impactos o bien ya se han producido o serán inmediatos, justo en un momento de incertidumbre debido a las tensiones entre China y EE UU, el Brexit y los niveles de los tipos de interés que marca el Banco Central Europeo. Todo ello redunda en la ausencia de estabilidad, que genera expectativas negativas de inversión, mientras al fondo se oyen rumores de recesión en otros países, por muy fuerte que parezca el actual crecimiento español, susceptible de palidecer.
Es evidente que España precisa un Gobierno, lo cual pasa por una investidura, pero además necesita garantizar la gobernabilidad, con decisiones que estarían en manos del Congreso, pero sin perder de vista otras que no se toman en España sino en Bruselas y en Frankfurt. Por tanto, hay materias –no solo Cataluña– en las que va a resultar imprescindible el consenso de los dos principales partidos, PSOE y PP, sea cual sea el sesgo político del nuevo Gobierno. Lo ha visto ya Feijóo desde Galicia y sorprende que aún no lo haya visto Casado.
@J_L_Gomez
