La audaz consulta de la ministra de Transición Ecológica tiene mucho que ver con la diferencia abismal que hay, por ejemplo, entre España y Portugal en el encarecimiento del IPC de la electricidad.
El Ministerio para la Transición Ecológica decidió hacer una consulta pública ante la reforma del llamado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que es la modalidad de contratación de electricidad elegida por 10,7 millones de consumidores, alrededor del 40% de todos los domésticos. En juego está, pues, la tarifa regulada, válida para los consumidores con un punto de suministro con tensión inferior a 1 kilovatio y una potencia contratada menor o igual a 10 kilovatios.
El PVPC es un precio dinámico indexado al mercado mayorista de la electricidad que incluye, de forma adicional, el coste de producción de la energía eléctrica, los peajes de acceso y los cargos y costes de comercialización. Solo pueden ofrecerlo las comercializadoras de referencia designadas por el Gobierno, que permite que los consumidores vulnerables se beneficien del bono social, con descuentos del 25% y el 40%, y tengan acceso a otras protecciones adicionales, como el reciente suministro mínimo vital.
En realidad, la audaz consulta de la ministra Teresa Ribera sobre el sistema de la tarifa no tiene que ver con el cambio del sistema marginalista que rige en toda la Unión Europea (UE) por un sistema de media ponderada como ya propuso, por ejemplo, el profesor de economía de la Universidad de Vigo Albino Prada. Eso habría que cambiarlo en toda la UE.
La consulta de la ministra tiene que ver mucho con la diferencia abismal que hay, por ejemplo, entre España y Portugal en el encarecimiento del IPC de la electricidad. ¿Cómo es posible que incluso con el sistema marginalista en agosto el crecimiento del precio de la electricidad para los consumidores aumentara un 26% en España y menos de un 3% en Portugal? Teniendo, además, estos dos países ibéricos una semejante dependencia del gas. De este enigma ibérico poco o nada se sabe.
Una cosa es cambiar el sistema marginalista en toda la UE, para que el gas no dispare los precios mayoristas, y otra es evitar que los precios mayoristas se trasladen a los consumidores a toda pastilla, como sucede en España, o muy lentamente como pasa en Portugal.
Es en el precio de la electricidad donde hay una asimetría que debiera ser preocupante, ya que, si bien los factores de encarecimiento del gas natural y del CO2 son comunes a todos los países, en algunos como España se están repercutiendo en incrementos que triplican la media europea y que multiplican por doce veces el encarecimiento de la luz en Portugal. “No es de extrañar que el dato adelantado de inflación en España para septiembre se sitúe ya en el 4%, muy por encima de la media europea”, razona Albino Pada.
La conclusión parece clara: la clave está en desmenuzar bien el origen del impacto inflacionario tan desigual ante un idéntico shock externo sobre los precios de la electricidad. ¿O acaso no rigen las mismas reglas para todos dentro de la Unión Europea?
El objetivo de la consulta pública, cuyo plazo para responder termina el 22 de octubre, es preguntar a los ciudadanos si consideran necesario reformular la estructura y/o metodología de cálculo del PVPC. Con el cambio, Teresa Ribera se plantea reducir la volatilidad de un precio que juega un papel fundamental en las economías domésticas, con especial incidencia en los colectivos vulnerables. Siguiendo la tesis del profesor Albino Prada, pistas para participar en la consulta no faltan…
@J_L_Gomez
