En la actualidad, en el marco comunitario hay, entre otras, dos importantes negociaciones en marcha cuyos resultados pueden tener un gran impacto en el conjunto de la actividad económica y muy especialmente en los sectores agrario y alimentario.
Los acuerdos comerciales constituyen una de las vías más importantes para la regulación de los mercados agrarios. En unos casos, son una posibilidad para aumentar determinadas producciones en un país con la mirada puesta en los mercados exteriores, pero también pueden significar un riesgo si las importaciones, por volumen y precios bajos, provocan una situación excedentaria hundiendo los precios.
En líneas generales, la existencia de un acuerdo, si el mismo es equilibrado, y no se utilizan las importaciones agrarias desde terceros países como moneda de cambio para exportar a los mismos bienes industriales, se puede considerar como positivo en cuanto supone marcar las reglas de juego para el acceso a un mercado y evitar que una de las partes pueda aplicar de forma unilateral exigencias al margen de unos compromisos por supuestas razones relacionadas con la sanidad animal, vegetal o de la calidad y seguridad alimentaria.
En la actualidad, en el marco comunitario hay, entre otras, dos importantes negociaciones en marcha cuyos resultados pueden tener un gran impacto en el conjunto de la actividad económica y muy especialmente en los sectores agrario y alimentario.
ACUERDOS
Se trata los acuerdos con los países de Mercosur, donde destaca la presencia de Brasil y Argentina , de donde procede el 86% de las importaciones de vacuno y el 70% de la avicultura. El otro gran acuerdo del que ya se han llevado a cabo trece rondas negociadoras, sin que se hubiera llegado a un compromiso, es el que se pretende firmar con Estados Unidos y que se conoce como el TTIP.
El acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos que dará lugar al área comercial más importante del mundo, de entrada se puede considerar como un paso positivo para el incremento de los intercambios y la eliminación de fronteras. Hoy, la realidad es que la UE se halla totalmente abierta a la entrada de productos de ese país, mientras, en la parte contraria, Estados Unidos ha levantado barreras ficticias en materia de controles fitosanitarios o de seguridad alimentaria.
Con la existencia de un acuerdo donde quedaran claras todas las condiciones de acceso, no pasaría lo que sucede en la actualidad a la hora de exportar a ese país algunos productos como los cítricos donde los inspectores de ese país deben controlar la naranja desde la parcela a los puertos, los productos derivados de las carnes de porcino, donde los inspectores te dicen hasta cómo debe ser el cuarto de bajo del matadero, o las dificultades que quieren poner en la práctica a las exportaciones de aceite de oliva donde Estados Unidos trata de imponer nuevas definiciones sobre lo que es el producto al margen del Consejo Oleícola Internacional.
Sin embargo, lo que puede ser positivo para el conjunto de la actividad económica, no lo sería para prácticamente el conjunto de los sectores ganaderos, fundamentalmente por la existencia de unas regulaciones muy diferentes en cada una de la partes. Ello supondrá que, si no se procede al establecimiento de un modelo regulatorio igual, no equivalente, a una y a otra parte del Atlántico, los ganaderos comunitarios se hallarían en una clara situación de desventaja y la imposibilidad de competir en el mismo mercado, lo que llevaría prácticamente a la reducción y hasta la eliminación de sus cabañas. Esta es la razón por la que todos los sectores ganaderos reclaman su exclusión de ese acuerdo si previamente no se pactan unas mismas condiciones regulatorias para jugar todos con las mismas cartas, sobre todo en materia de sanidad, bienestar animal, alimentación y seguridad alimentaria. El modelo comunitario de producción es mucho más exigente que el que funciona en Estados Unidos, lo que, en la práctica se traduce en mayores cargas y costes de producción.
La Unión Europea, frente a lo que sucede en Estados Unidos, tiene muy limitada la utilización de los Organismos Genéticamente Modificados para la obtención de materias primas para la alimentación animal, lo que supone un incremento de la productividad del 15%, reduciendo además costes de producción en el uso de fitosanitarios o herbicidas. Bruselas es mucho más rigorosa que Estados Unidos en lo que se refiere a la admisibilidad de los Límites Máximos de Residuos. En la Unión Europea no se permite el uso de hormonas y de otros antibióticos como promotores del crecimiento en la producción animal, algo que se traduce en una mejora en la conversión de alimentos, en la carne de entre un 15% y un 20% en vacuno o con la reducción de dos euros por cada 100 kilos en porcino o de 0,8 céntimos en la producción de carne de pollo. En el caso de la leche, Bruselas no permite el uso de la hormona somatotropina que incrementa la productividad en una media del 16%. La Unión Europea, tras la vieja crisis de las vacas locas, mantiene la prohibición de utilizar subproductos de origen animal en la alimentación de las cabañas ganaderas, algo permitido en Estados Unidos, y reduciendo en un 2% los costes. En la carne de ave, Bruselas prohíbe su tratamiento por cloración, lo que incrementa los costes de los mataderos.
En materia de medio ambiente, Bruselas tiene unas exigencias mucho más rigurosas que las aplicadas en Estados Unidos. Se obliga al ganadero a contratar la gestión de los subproductos de origen animal que supone 1,80 euros por cada 100 kilos en carne y de 23 euros por la retirada de cadáveres en una vaca nodriza. En el marco comunitario, hay un sobrecoste para cumplir con las exigencia sobre bienestar animal desde la granja hasta el transporte y el sacrificio, muy especialmente en el porcino y en la avicultura. Hay unas reglas muy estrictas en materia de trazabilidad para el control de los productos en toda la cadena alimentaria con costes añadidos en una amplia burocracia de guías y certificados. Es más costosa la regulación de las granjas de ganadería intensiva y por las exigencias más rigurosas en la gestión de residuos.
Todas estas diferencias regulatorias se traducen en unas diferencias de costes en todos los productos ganaderos que van desde un 34% en los pollos, al 97%en el vacuno de carne, pasando por el 69% en porcino o el 63%en los huevos. Por todo ello, el sector, aunque no se opone al acuerdo, reclama que haya una regulación normativa igual en ambos lados y que, mientras tanto, se excluya a estas producciones del mismo.
Acuerdo sí, pero de igual a igual. Es lo que también apoya Agricultura.
