Las decanas y la fiscal provincial de Barcelona han sido las encargadas de leer el manifiesto -apoyado por las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales
Cerca de 200 jueces y fiscales se han reunido hoy la Ciutat de la Justicia de Barcelona para exigir más medios y la despolitización de sus órganos de gobierno, en un acto que excepcionalmente se ha celebrado a puerta cerrada para evitar protestas que puedan empañar su reivindicación y causar incidentes.
El Auditorio de la Ciutat de la Justicia, sala situada en el interior del edificio que alberga a los juzgados de la capital catalana, ha acogido este mediodía la concentración de jueces y fiscales, en un acto presidido por las juezas decanas de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat, Mercè Caso y Lidia Ureña, respectivamente, así como la fiscal provincial de Barcelona, Concepción Talón.
A diferencia de la mayoría de ciudades de España, donde las concentraciones han tenido lugar a las puertas de los juzgados, en Barcelona el acto se ha convocado en una sala interior para evitar eventuales protestas independentistas que deslucieran las reivindicación de los jueces o incluso pudieran desembocar en incidentes, según han explicado a Efe fuentes jurídicas.
Las decanas y la fiscal provincial de Barcelona han sido las encargadas de leer el manifiesto -apoyado por las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales- ante un público integrado por unos 200 jueces y fiscales, además de los medios de comunicación, que habían sido convocados al acto.
Los togados exigen la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de forma que 12 de sus veinte vocales sean elegidos directamente por los magistrados para garantizar su independencia respecto al poder político, así como la creación de 300 plazas de jueces y fiscales al año en España.
Otras de sus reivindicaciones son la recuperación salarial de jueces, magistrados y fiscales hacia los niveles de 2010, la convocatoria de la Mesa de Retribuciones, que lleva siete años sin reunirse, un proceso de digitalización de los juzgados y la fijación de cargas de trabajo razonables a efectos de salud laboral.
"Queremos que la gente tenga la administración de justicia que se merece", ha proclamado Mercè Caso, que ha exigido que se dote al sector de los medios materiales y personales necesarios y de una "organización que gestione racionalmente los recursos".
