"Esperemos que se plantee regularizar de una manera más concreta una normativa para aquellas trabajadoras que se encuentran en una situación desprotegida". explicó la letrada de la acusada.
Raquel Blanco, la abogada de la mujer a quien un juez ha reconocido derechos laborales por haber ejercido la prostitución, espera que el Estado realice una regulación laboral para amparar legalmente a aquellas prostitutas que trabajan de manera voluntaria.
"Esperemos que se plantee regularizar de una manera más concreta una normativa para aquellas trabajadoras que se encuentran en una situación desprotegida ante esta alegalidad y que viven en una sociedad que no las acepta", ha explicado Blanco.
La letrada ha realizado estas declaraciones tras la publicación de una sentencia de un juez de lo social de Barcelona que reconoce los derechos laborales de las prostitutas y las equipara a cualquier otro trabajador, con derecho a paro y a la Seguridad Social, entre otros.
El origen de este conflicto surgió en base a una demanda interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social tras la Inspección de Trabajo realizada, en octubre de 2012, en un local de Barcelona en el que se ofrecían servicios sexuales y que, supuestamente, era un centro de masajes eróticos.
De esa inspección se derivaron un proceso penal, que acabó archivado al asegurar las mujeres que trabajaban libremente, y otro laboral, al comprobar que la propiedad del local no cotizaba por las trabajadoras en la Seguridad Social.
Pese a que la dueña del establecimiento aseguraba que no había ningún tipo de relación con la prostituta, su defensa ha defendido la existencia de un acuerdo laboral entre las partes, argumento aceptado también como parte de la sentencia.
"Es cierto que ella no tenía nada por escrito, simplemente la palabra de la empresaria. Sin embargo, le había facilitado un horario, material para realizar sus labores y clientes. Aunque no hubiera nada firmado esa relación laboral existía y lo que pasa es que estaba disfrazada", ha explicado Blanco.
La sentencia, que no es firme, permite a la Tesorería General de la Seguridad Social reclamar a los propietarios del salón de masajes las cuotas impagadas.
