La vicepresidenta del Gobierno destaca que "lo importante" está elaborado de cara a la nueva ley
El Gobierno regulará el aforamiento de don Juan Carlos después de que se haga efectiva su abdicación mediante una ley orgánica que deberán aprobar las Cortes y para la que no ha fijado aún un plazo concreto de presentación.
La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que ese instrumento legal casi "ultimado" será al que recurrirá el Gobierno para regular la situación de don Juan Carlos ante la justicia una vez que pierda la inviolabilidad de que goza como monarca. De esa forma, se descarta que se pueda recurrir a otros instrumentos parlamentarios como la presentación de una proposición por parte de alguno de los grupos de la Cámara. Lo que no se aclaró es si esa ley orgánica será distinta del anteproyecto de reforma de la ley del Poder Judicial que el Gobierno anunció en abril y en el que se abordaba el aforamiento de la reina y de los príncipes de Asturias.
Sáenz de Santamaría aseguró ayer que el Gobierno tiene "perfectamente elaborado lo importante" sobre este asunto y explicó de forma escueta que, en su momento, informará del contenido y la forma en que se desarrollará la regulación del régimen jurídico de don Juan Carlos. Fuentes del Gobierno confirmaron que se está trabajando en esta cuestión desde el pasado mes de abril.
“Un vacío legal”
Lo que sí subrayó la vicepresidenta es que la futura aplicación del régimen de aforamiento a don Juan Carlos nada tiene que ver con la inviolabilidad de que ha gozado como monarca. "Uno deja de ser inviolable a futuro, pero eso no implica recuperar las responsabilidad para las actuaciones anteriores", aclaró para reiterar que el rey "tiene inviolabilidad, no responsabilidad por los hechos cometidos en el ejercicio de su cargo".
También señaló que la "reflexión" sobre lo que consideró un "vacío legal" en la condición jurídica de algunos miembros de la Familia Real ya la hizo el Gobierno al proponer en abril la reforma legal del Poder Judicial.
De igual forma, consideró "llamativo" que nunca se hubiera aforado a ninguno de ellos (lo que implicaría que sólo podrían ser juzgados por el Tribunal Supremo), ni siquiera al Príncipe de Asturias.
Igualmente, la vicepresidenta del Gobierno hizo especial hincapié que es la primera vez que abdica un monarca en la historia de la democracia española, y que la decisión que tomó el rey saliente don Juan Carlos estuvo realmente pensada. "Ha sido muy meditado por quien tenía que tomar esa decisión", señaló.
Mientras tanto, el Gobierno apoyó de forma clara y directa el proceso manteniendo "a partes iguales -enfatizó- reflexión y discreción", concluyó la vicepresidenta.
