La oposición critica las formas en las que se tramita una ley que el PP ve como la más correcta
El Congreso de los Diputados inició ayer los trámites para llevar al pleno del próximo jueves la reforma legal que permitirá aforar al rey Juan Carlos, la reina Sofía, la reina Letizia y la princesa de Asturias, en la que el PSOE anunció su abstención.
El Gobierno y la oposición se enfrentaron a cuenta de la fórmula utilizada por el PP para acelerar el aforamiento, dos enmiendas al "proyecto de ley orgánica complementaria de la ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por las que se modifica la ley orgánica del Poder Judicial".
Desde Gdansk (Polonia), el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, calculó que don Juan Carlos tendrá la condición de aforado en el plazo de unos quince días, el tiempo que cree que tardará la tramitación parlamentaria de la norma. Ante las críticas de la oposición, explicó que la aprobación de una ley orgánica -obligatoria en este caso- dilataría varios meses el proceso, mientras que hacerlo por una enmienda a una ley ya en las Cortes acorta el plazo.
Un mecanismo, dijo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que es "muy respetuoso".
Ayer se reunió la ponencia que estudia el proyecto en el que se incluirán esas enmiendas y los grupos de la oposición criticaron el método utilizado por el PP, un argumento en el que coincidieron los portavoces del PSOE, IU, CiU, PNV y UPyD. Tras anunciar que su grupo se abstendrá en la votación de las enmiendas, la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, opinó que se requiere una tramitación "sosegada" que permita el debate y la presentación de las enmiendas oportunas, aunque sí dejó claro que son partidarios de que determinados miembros de la Casa Real tengan un especial régimen procesal. "No podemos participar ni compartir este procedimiento", subrayó la portavoz socialista Rodríguez para argumentar la absoluta necesidad de que el aforamiento de Juan Carlos I y otros miembros de la Familia Real se haga mediante una ley orgánica específica, que podría tramitarse con carácter de urgencia en las Cortes este mismo verano.
