La juez ordenó dentro de la operación 'Heracles' la detención de nueve personas e imputó a otras 50

Alaya asesta otro golpe a la trama de los ERE andaluces

Magdalena Álvarez saluda a la salida del Juzgado de Sevilla. (Foto: PACO PUENTES)
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desplegó y consumó ayer la segunda fase de la operación 'Heracles', encuadrada en la investigación de la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, traducida en ayudas arbitrarias y expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares. Con actuaciones en las provincias andaluzas de Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla, así como en Madrid, Segovia y Barcelona, la operación se saldó con nueve detenciones, alrededor de medio centenar de imputaciones y una decena de registros domiciliarios.
En la provincia de Sevilla trascendió la detención del director del Área de Empleo e Innovación de la Diputación de Sevilla, Enrique Rodríguez Contreras, quien fue inmediatamente cesado por la institución. Rodríguez Contreras fue gerente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en la provincia de Sevilla entre 2002 y 2004 y esta operación incluye el registro de su domicilio y el registro de su oficina en las instalaciones centrales de la Diputación.

También en Sevilla fue detenido el exsecretario de Desarrollo Industrial de CCOO en Andalucía Roberto Carmona Soto, así como el registro del domicilio de Juan Antonio Florido, exsecretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CC.OO. en Andalucía, quien ya fue imputado por la juez Mercedes Alaya en la causa.


RESTAURANTE RÍO GRANDE

Igualmente, los efectivos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registraron el restaurante Río Grande de Sevilla capital, ya investigado a cuenta del ERE promovido en 2005 pese a contar con beneficios y con la prejubilación de una mujer que no formaba parte de la plantilla, así como la vivienda de su dueña, María del Carmen García, y la vivienda en Sevilla capital de José María Sayago, copropietario de la empresa Matadero de Sierra Morena, perteneciente a la Sierra Norte de Sevilla, una empresa también investigada por la juez a cuenta de las ayudas percibidas con cargo a la partida presupuestaria 31L.

En Cádiz fue detenido el secretario general de UGT-Cádiz, Salvador Mera y en la provincia de Córdoba han sido detenidos un exdirigente de la unión provincial de CC.OO. llamado Francisco Casado y su propio hermano, José Manuel Casado, siendo registrado el domicilio del primero de ellos. En Torremolinos (Málaga), fue registrada la sede social de la empresa 'Nexprom', que habría abonado 389.277,51 euros al 'testaferro' de la trama Juan Francisco Algarín.

Con relación a Sayago, cabe señalar que en Barcelona fue registrada la vivienda particular de José Enrique Rosendo, hijo del exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, imputado en las actuaciones.

Esta previsto que los interrogatorios a los detenidos en esta segunda fase de la operación comiencen hoy.

Te puede interesar