Una docena de marcas de aceite de oliva están involucradas en un presunto delito contra la salud pública en España. Sus productos fueron inmovilizados por la Junta de Extremadura, en el contexto de una nueva alerta alimentaria, que afecta, en este caso, a garrafas de este bien de consumo.
En un primer momento, se pensaba que esta alerta podría tratarse de la mezcla de aceites de diferentes calidades, pero después Facua Extremadura pudo comprobar que los aceites intervenidos, que se vendían en garrafas de 5 litros en locales de distinto tipo, como tiendas al uso, gasolineras y mercadillos, no eran aptos para el consumo; por lo que se trata de un delito contra la salud pública.
En ese sentido, desde Facua sostienen ahora que "las 13 muestras de aceite virgen extra han sido clasificadas como lampante, es decir, no apto para el consumo humano".
La investigación de la Guardia Civil
Por otro lado, fuentes de la Guardia Civil confirmaron que se investiga por este motivo a un grupo de nueve personas, siete ubicadas en Sevilla y dos en Badajoz; cuando ya se decomisaron 70.000 litros de mezclas de aceites lampantes con otros de diferente tipo y calidad para su venta.
Los investigados son considerados por el Instituto Armado como presuntos autores de cinco delitos: estafa, falsedad documental, relativa al mercado y consumidores, y contra la salud pública.
