TRIBUNALES / ESPAÑA

Archivan las fianzas civiles por 5,4 millones de cinco exaltos cargos de los ERE

En cinco decretos, la letrada Rosa Vélez explica que se archiva la responsabilidad pecuniaria de los cinco ex altos cargos, que dejaba sin efecto las medidas cautelares adoptadas contra ellos.

El juzgado que investiga el caso de los ERE ha archivado las fianzas civiles que la juez Mercedes Alaya fijó para cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía, que suman 5,4 millones de euros y que, según dijo la Audiencia de Sevilla, se calcularon "a un tanto alzado".

En cinco decretos, la letrada de la Administración de Justicia de refuerzo Rosa Vélez explica que se archiva la responsabilidad pecuniaria de los cinco ex altos cargos tras el auto de la Audiencia de Sevilla de 20 de noviembre de 2015, que dejaba sin efecto las medidas cautelares adoptadas contra ellos.

Tras el auto de la Audiencia, se dictó un decreto dejando sin efecto los embargos trabados y se acordó expedir los correspondientes mandamientos de cancelación sobre ellos, señala la letrada de Administración de Justicia, cargo que antes de se denominaba secretaria judicial.

La letrada añade que se han alzado los embargos y se han cumplimentado los mandamientos de cancelación expedidos, por lo que "no queda sino declarar finalizada la presente pieza de responsabilidad civil al no existir más diligencias que practicar".

Los archivos se refieren a las fianzas civiles que Alaya impuso al exviceconsejero de Economía José de Haro Bailón (1.995.000 euros); al exviceconsejero de Relaciones Institucionales Juan Carlos Soriano (1,8 millones); y al exdirector de Industria de la Consejería de Empleo Jesús Nieto González (1 millón de euros).

También afecta a las fianzas impuestas a la ex secretaria general de Desarrollo Industrial y Energético Isabel de Haro Aramberri (339.150 euros) y al ex presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía Felipe Romera (212.000 euros).

En noviembre pasado, la Audiencia de Sevilla anuló las fianzas millonarias impuestas contra siete miembros del Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA).

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