Entiende que sus actuaciones eran de contenido político y no estaban vinculadas ni a la organización juvenil ni a la violencia callejera
La Audiencia Nacional ha absuelto hoy a los 40 acusados de pertenecer a la ilegalizada Segi que fueron juzgados entre el pasado octubre y febrero, al entender que sus actuaciones eran de contenido político y no estaban vinculadas ni a la citada organización juvenil ni a la violencia callejera.
En sendas sentencias (36 fueron juzgados en primer lugar y después otros cuatro), la sección primera de la Sala de lo Penal sostiene que los acusados actuaban bajo la cobertura de la plataforma denominada Gazte Independentistak, colectivo del que no consta que "dependiera de ETA ni que ésta diseñara su estrategia y actividades" y tampoco se ha acreditado que Segi la controlase.
Las sentencias, de las que ha sido ponente el magistrado Ramón Sáez Valcárcel y que suscribe también Manuela Fernández de Prado, cuentan con el voto particular discrepante de Nicolás Poveda.
Para poderles condenar por el delito de pertenencia a organización terrorista, explican, "ser ha de colaborar con las actividades de la organización terrorista inscritas en sus fines (...) de generar terror en la sociedad, para deslindar con nitidez lo que es una adhesión ideológica o aportación a sus fines políticos", lo que consideran que han sucedido en este caso.
El fiscal pedía para los 40 penas de 9 años de prisión en el caso de los nueve presuntos dirigentes de la organización y de 7 años de cárcel para el resto en calidad de miembros, que rebajó después a seis años para todos ellos al elevar a definitivas sus conclusiones.
En la sentencia absolviendo a los 36 se explica que en 2008 y 2009 apareció en la escena política del País Vasco el colectivo Gazte Independentistak (jóvenes independentistas) que asumió algunas de las campañas que antes trataba Segi como la independencia, el feminismo, la problemática de la vivienda y el desempleo juvenil.
En ocasiones también reivindicaba la memoria de colectivos juveniles de la izquierda abertzale como Jarrai o criticaba la detención de militantes de Segi.
"Sin embargo, Gazte Independentistak no se vinculó, ni planificó, ni promovió, ni dirigió acciones de violencia callejera, ni consta que configurara grupos para ejecutarlas", afirma la sentencia, que añade que muchos de los acusados fueron portavoces de la organización y el resto acudieron a sus convocatorias.
Respecto a la pegada de carteles de Segi por parte de alguno de los acusados, los magistrados señalan que ello puede obedecer a varias hipótesis "no solo a la de militancia o encuadramiento en la organización terrorista, también puede ser un acto de ensalzamiento", por lo que entienden que a esos acusados se les podría imputar un delito de enaltecimiento pero no de pertenencia.
Esta actividad, añaden, "podría integrarse en su estrategia de memorialización de un cierto pasado colectivo" del grupo, pero recuerdan que Gazte Independentistak "no recogió, ni asumió la direccióm, programación y control de la violencia callejera que complementaba a la acción de ETA".
También se habla de actos de sabotaje por parte de otros acusados, pero entienden que no pueden calificarse de actos de violencia callejera.
En su voto particular, Poveda afirma por contra que la integración en grupo terrorista no solo supone la realización de actos de lucha callejera, sino que "abarca otros hechos que no se corresponden con la actividad armada exclusivamente pero sí que contemplen una continuidad en la acción y se engloben dentro de la dinámica de la actividad de esta organización 'satélite' de ETA".
A su juicio, ha quedado acreditada la participación de los acusados en las actividades de Segi, "sin que pueda asumir que se trata de actuaciones 'políticas' propias del entorno que se denomina abertzale", sino que obedecen "al llamado desdoblamiento en la actividad de los miembros de la rama juvenil de ETA".
En sus conclusiones, el fiscal afirmaba que Segi "complementa la actividad de lucha armada de la banda terrorista ETA mediante actos de kale borroka o lucha callejera que, incidiendo en la seguridad ciudadana, persiguen producir profundo temor atacando al conjunto de la sociedad democrática y constitucional del Estado de derecho, o de otro modo, atentando contra la paz pública".
De los 40 supuestos miembros de Segi, 34 de ellos fueron arrestados el 24 de noviembre de 2009 en una operación conjunta de la Policía y de la Guardia Civil dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, quien en uno de sus autos calificó a la ilegalizada organización juvenil de "tentáculo de ETA" y "una auténtica academia terrorista".
Con la detención de estas personas, el Ministerio del Interior dio por descabezada la cúpula de la organización juvenil, a la que consideraba la "cantera de ETA" y máxima responsable de la violencia callejera en el País Vasco y Navarra.
Segi es la organización juvenil de la "izquierda abertzale", sucesora de las también ilegalizadas Jarrai y Haika y el Supremo la ilegalizó en 2007 por considerarla una organización terrorista.
