La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha accedido a extraditar a Georgia al presunto jefe de la mafia georgiana Kakhaber Shushanashvili acusado por su país de la comisión de delitos de asociación ilícita y extorsión.
Shushanashvili está considerado como uno de los 'ladrones de ley' y las autoridades georgianas consideran que ha participado desde los años noventa en las reuniones de las distintas facciones de esta mafia previstas para 'repartir las zonas de influencia'.
Después del año 2000 abandonó Georgia y residió en distintos periodos en varios países, entre ellos España donde vivió entre 2005 y 2010. Los hechos concretos investigados por las autoridades georgianas para la extradición se produjeron en febrero de 2010 cuando Shushanashvili residía en Barcelona.
Según defiende Georgia amenazó a otro ciudadano georgiano propietario de un restaurante y le dió un plazo de tres meses para que pagara 40.000 euros si quería seguir manteniendo el establecimiento que regentaba situado en Salónica (Grecia). El hombre no abonó la cantidad requerida y huyó a su país.
Sushanashvili fue detenido en marzo de 2010 por orden del juez Ferrnando Grande-Marlaska en el marco de la 'operación Java', que se desarrolló en Barcelona, Valencia, Vizcaya y Guadalajara. El jefe mafisos es hermano del fugado Lasa, se considera máximo responsable de la organización.
A los detenidos se les imputó indiciariamente los delitos de asesinato en grado de conspiración, asociación ilícita, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, falsificación, extorsión, amenazas, coacciones, tenencia de armas y robo con fuerza.
Además de las 21 detenciones en España, en el marco de esta operación se llevaron a cabo otros 60 arrestos en Austria, Alemania, Suiza, Francia e Italia, según informó el jefe de la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado, Antonio Salinas.
Ahora la Sección Segunda descarta que la investigación que se lleva en España 'abarque los mismos hechos que los que se investigan en Georgia' y precisa que aunque el delito de extorsión del que se le acusa se realizó desde territorio español -mediante una llamada telefónica- no deben ser los tribunales nacionales los competentes.
Agrega que la nacionalidad del acusado y la de la víctima es georgiana lo que adjudica a su país de origen 'la compentencia jurisdiccional'.
Los magistrados rechazan además las alegaciones de la defensa del presunto mafioso sobre la existencia de una 'falta de garantías' en Georgia y aseguran que 'no las comparte'. 'En materia de derechos fundamentales ambos países cumplen un mínimo estándar esencial'.
Después del año 2000 abandonó Georgia y residió en distintos periodos en varios países, entre ellos España donde vivió entre 2005 y 2010. Los hechos concretos investigados por las autoridades georgianas para la extradición se produjeron en febrero de 2010 cuando Shushanashvili residía en Barcelona.
Según defiende Georgia amenazó a otro ciudadano georgiano propietario de un restaurante y le dió un plazo de tres meses para que pagara 40.000 euros si quería seguir manteniendo el establecimiento que regentaba situado en Salónica (Grecia). El hombre no abonó la cantidad requerida y huyó a su país.
Sushanashvili fue detenido en marzo de 2010 por orden del juez Ferrnando Grande-Marlaska en el marco de la 'operación Java', que se desarrolló en Barcelona, Valencia, Vizcaya y Guadalajara. El jefe mafisos es hermano del fugado Lasa, se considera máximo responsable de la organización.
A los detenidos se les imputó indiciariamente los delitos de asesinato en grado de conspiración, asociación ilícita, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, falsificación, extorsión, amenazas, coacciones, tenencia de armas y robo con fuerza.
Además de las 21 detenciones en España, en el marco de esta operación se llevaron a cabo otros 60 arrestos en Austria, Alemania, Suiza, Francia e Italia, según informó el jefe de la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado, Antonio Salinas.
Ahora la Sección Segunda descarta que la investigación que se lleva en España 'abarque los mismos hechos que los que se investigan en Georgia' y precisa que aunque el delito de extorsión del que se le acusa se realizó desde territorio español -mediante una llamada telefónica- no deben ser los tribunales nacionales los competentes.
Agrega que la nacionalidad del acusado y la de la víctima es georgiana lo que adjudica a su país de origen 'la compentencia jurisdiccional'.
Los magistrados rechazan además las alegaciones de la defensa del presunto mafioso sobre la existencia de una 'falta de garantías' en Georgia y aseguran que 'no las comparte'. 'En materia de derechos fundamentales ambos países cumplen un mínimo estándar esencial'.
