La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía impuso una fianza de responsabilidad civil de 251.041,37 euros al secretario general del sindicato UGT en Cádiz, Salvador Mera, y de 471.352 euros al que fuera secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A entre 1991 y 2009 Manuel Roberto Carmona Soto, todo ello en sendos autos en los que declara la responsabilidad civil subsidiaria de ambos sindicatos.
En los dos autos, la magistrada Mercedes Alaya prohíbe salir de España a los dos sindicalistas, detenidos por la Guardia Civil en el marco de la segunda fase de la operación 'Heracles', y 'para reforzar y asegurar tal condición' les obliga a entregar 'inmediatamente' el pasaporte y el DNI. Además, les impone la obligación de comparecer judicialmente dos veces al mes. Todas estas medidas las impone la juez atendiendo a 'la extraordinaria gravedad de los hechos que se len imputan.
GASTOS
La juez instructora considera que tanto Salvador Mera como Manuel Roberto Carmona, ocupando los cargos anteriormente referidos, se dirigieron entre 2006 y 2007 al dueño de Uniter, José González Mata, a fin de solicitarle 'que les hiciera entrega de ciertas sumas de dinero' para 'paliar los gastos que habían tenido los sindicatos con motivo del proceso de la llamada Faja Pirítica en concepto de viajes, manifestaciones, concentraciones, asambleas y reuniones informativas'. Alaya, que asevera que ambos imputados hicieron esta petición 'a sabiendas de que las comisiones de las mediadoras procedían de fondos públicos'.
GASTOS
La juez instructora considera que tanto Salvador Mera como Manuel Roberto Carmona, ocupando los cargos anteriormente referidos, se dirigieron entre 2006 y 2007 al dueño de Uniter, José González Mata, a fin de solicitarle 'que les hiciera entrega de ciertas sumas de dinero' para 'paliar los gastos que habían tenido los sindicatos con motivo del proceso de la llamada Faja Pirítica en concepto de viajes, manifestaciones, concentraciones, asambleas y reuniones informativas'. Alaya, que asevera que ambos imputados hicieron esta petición 'a sabiendas de que las comisiones de las mediadoras procedían de fondos públicos'.
