Los exjefes de ETA María Soledad Iparraguirre, 'Anboto', y Mikel Albisu, 'Mikel Antza', desistieron hoy de los recursos que interpusieron contra tres y una condenas, respectivamente, que la justicia francesa había dictado contra ellos en rebeldía, con lo que las sentencias pasan a ser definitivas.
Iparraguirre y Albisu renunciaron ante el Tribunal Correccional de París a continuar con la apelación que inicialmente habían solicitado contra esas cuatro sentencias por hechos de terrorismo de hace más de una quincena de años, cada una de ellas de cinco años, aunque se quejaron de que se les hubieran notificado recientemente.
'Anboto' denunció que, aunque está encarcelada desde que ambos fueron arrestados el 3 de octubre de 2004 en la casa rural de Salies de Béarn donde vivían con su hijo, la justicia francesa tardó ocho años en comunicar esos dictámenes, lo que, según su análisis, le privó de beneficiarse de mejores condiciones penitenciarias.
'Es un ensañamiento de la justicia', denunció la exdirigente etarra, que señaló que esas notificaciones sólo se formalizaron después de que el 22 de noviembre pasado se hiciera definitiva otra condena a 20 años de prisión contra los dos.
En esa sentencia, el Tribunal de lo Criminal de París confirmó en apelación esa sentencia de 20 años contra los dos miembros de la pareja por haber sido jefes de ETA (él del aparato político, ella del financiero) cuando se produjo su arresto.
Albisu, que como Iparraguirre tiene ahora 51 años, también criticó los procedimientos de formalización de la condena de cinco años contra él dictada inicialmente en 1997, por considerar que eso le privó de haber tenido condiciones carcelarias que le hubieran permitido hablar más con su hijo.
El antiguo responsable político de la banda llevaba un texto para leerlo en la audiencia, pero, ante la negativa del presidente del tribunal a que hiciera una declaración política, se limitó a recordar que ya hace más de un año que comenzó el cese definitivo de la violencia de ETA y pidió a 'los gobiernos de España y Francia que den un paso para la resolución del conflicto vasco'.
'Anboto' tiene pendiente su entrega a España para rendir cuentas por su presunto pasado en comandos de la banda con delitos de sangre a sus espaldas.
Ese procedimiento de entrega, aprobado por los tribunales franceses, estaba aplazado hasta que se hicieran definitivos los dictámenes sobre los casos que tenía abiertos en Francia.
'Anboto' denunció que, aunque está encarcelada desde que ambos fueron arrestados el 3 de octubre de 2004 en la casa rural de Salies de Béarn donde vivían con su hijo, la justicia francesa tardó ocho años en comunicar esos dictámenes, lo que, según su análisis, le privó de beneficiarse de mejores condiciones penitenciarias.
'Es un ensañamiento de la justicia', denunció la exdirigente etarra, que señaló que esas notificaciones sólo se formalizaron después de que el 22 de noviembre pasado se hiciera definitiva otra condena a 20 años de prisión contra los dos.
En esa sentencia, el Tribunal de lo Criminal de París confirmó en apelación esa sentencia de 20 años contra los dos miembros de la pareja por haber sido jefes de ETA (él del aparato político, ella del financiero) cuando se produjo su arresto.
Albisu, que como Iparraguirre tiene ahora 51 años, también criticó los procedimientos de formalización de la condena de cinco años contra él dictada inicialmente en 1997, por considerar que eso le privó de haber tenido condiciones carcelarias que le hubieran permitido hablar más con su hijo.
El antiguo responsable político de la banda llevaba un texto para leerlo en la audiencia, pero, ante la negativa del presidente del tribunal a que hiciera una declaración política, se limitó a recordar que ya hace más de un año que comenzó el cese definitivo de la violencia de ETA y pidió a 'los gobiernos de España y Francia que den un paso para la resolución del conflicto vasco'.
'Anboto' tiene pendiente su entrega a España para rendir cuentas por su presunto pasado en comandos de la banda con delitos de sangre a sus espaldas.
Ese procedimiento de entrega, aprobado por los tribunales franceses, estaba aplazado hasta que se hicieran definitivos los dictámenes sobre los casos que tenía abiertos en Francia.
