El Congreso rechaza que propietarios accedan al padrón de sus arrendatarios

El Congreso ha rechazado la propuesta de Convergencia i Unió (CIU) de modificar la Ley de Protección de Datos para permitir a los propietarios de una vivienda alquilada acceder a datos personales del padrón de sus arrendatarios, con el objetivo de evitar los hacinamientos en este tipo de hogares.
La reforma de CIU, según han expresado hoy en la Cámara baja sus promotores, pretendía atajar el fenómeno conocido como 'pisos patera', en los que se arriendan y subarriendan habitaciones a otros ciudadanos, en su mayoría inmigrantes.

Según el portavoz de este partido Pere Macías, este es 'un problema' que afecta a ciudades como Madrid y Barcelona, donde alcanza hasta al 'quince por ciento de las viviendas' en el barrio de El Rabal, y 'hasta a un 24 por ciento' en otras zonas de la capital catalana.

Macías ha considerado que las posibles soluciones propuestas hasta ahora 'no han sido llevadas a la práctica' por lo que 'el problema subsiste' y 'conlleva un riesgo grave de exclusión'.

Para remediarlo, CIU proponía que el propietario de una vivienda pudiera acceder a datos personales de sus arrendatarios, recogidos en el padrón municipal, y que son necesarios en un procedimiento judicial para que el dueño pueda rescindir el contrato en caso de hacinamiento en un piso de su propiedad.

La proposición de ley ha sido descartada por los votos en contra del Partido Socialista y del grupo de ERC-IU-ICV.

En representación de Esquerra Republicana, Joan Tardá ha subrayado que muchos inmigrantes han retornado a sus países y que los municipios han encontrado soluciones 'que funcionan' para contrarrestar las consecuencias de este fenómeno, por lo que ha considerado que la propuesta de CIU 'pretende matar moscas a cañonazos'.

Pese a reconocer que los 'pisos patera' existen, Tardá ha subrayado que hay 'partidos políticos que han convertido la inmigración en un banderín electoral'.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Meritxell Batet, ha fundamentado la oposición de su partido en que esta reforma vulneraría el derecho fundamental a la intimidad y 'violaría datos protegidos del arrendatario'.

En este sentido, Batet ha recordado que 'el padrón no ha sido diseñado en ningún caso para que accedan particulares'.

Pese a los votos a favor del Partido Popular (PP), Coalición Canaria (CC) y Partido Nacionalista Vasco (PNV) la reforma no ha salido adelante.

El representante del grupo popular, Gabriel Elorriaga, resaltó que, en caso de aplicarse, una reforma de estas características debería afectar 'sólo a las viviendas arrendadas' y que se debería garantizar la protección 'eficiente' de los datos, para que se utilicen sólo en caso de abuso del contrato de alquiler.

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