Entre las 36 preguntas de ERC sobre la Casa del Rey que han sido vetadas por la Mesa del Congreso destacan aquellas que tenían como objetivo que el Gobierno detallara quién paga los trajes que utilizan los miembros de la Familia Real, dónde van a parar los regalos que reciben, cuál es cuantía del sueldo que percibe el Príncipe y, en su caso, las Infantas, y su opinión sobre si se hubieran podido prevenir las presuntas actuaciones delictivas del duque de Palma, Iñaki Urdangarín.
El contenido de las cuestiones que no han pasado el filtro del órgano de gobierno de la Cámara ha sido difundido este jueves por ERC, que se queja de la 'escasa argumentación' con la que la Mesa ha despachado estos escritos. Las preguntas han sido rechazadas por versar sobre materias 'estrictamente jurídicas', aludir a asuntos que no son competencia del Gobierno o ambas cosas a la vez.
El paquete más numeroso lo componen un total de 25 preguntas inadmitidas por ser ajenas a la competencia gubernamental. Ahí se incluye una que mencionaba expresamente la 'presunta actuación delictiva de uno de los miembros de la Familia Real' y con la que se pedía saber si, según el Gobierno, el 'caso Urdangarín' podría haberse prevenido si las cuentas de la Casa del Rey fueran transparentes y se sometieran a fiscalización.
Con el mismo argumento se han frenado las que indagaban sobre la cuantía de los sueldos del heredero y, si los tienen, de doña Cristina y doña Elena, qué tipo de declaración de la renta hace la Familia Real, cuántos de sus miembros cobran una retribución con cargo a los Presupuestos, cuántos la reciben al margen de los mismos y todos los 'ingresos monetarios' ajenos a las cuentas estatales que perciben.
Igualmente, ERC preguntaba si la Monarquía paga por la luz, el agua y el teléfono, los servicios sanitarios y educativos que recibe y el mantenimiento de sus títulos nobiliarios, o si disfruta de algún trato de favor por parte de aquellas firmas que publicitan, con su consentimiento, que son proveedoras de la Casa del Rey.
LA FORTUNA PERSONAL DEL REY
'Conocimiento por parte del Gobierno sobre la cuantía de la fortuna personal del Jefe del Estado', es el enunciado de otra de las preguntas vetadas. La misma suerte han corrido las que aludían a las residencias que tiene la familia para su uso y disfrute, el pago de su trajes o lo que importan o exportan en sus viajes en la denominada 'valija diplomática'.
También en relación con los viajes oficiales del Rey, los independentistas catalanes reclamaban saber quién decide las personas que le acompañan, en qué ámbitos empresariales se sitúan sus acompañantes de los últimos cinco años y si ha viajado en ese periodo con 'personas con intereses comerciales en ámbitos armamentísticos'.
Respecto a los obsequios y donaciones que reciben los miembros de la Familia Real, el objetivo de las cuestiones 'prohibidas' era conocer qué criterios se siguen para que éstos acaben formando o no parte del Patrimonio Nacional o si existe un registro, ya sea público o privado, de las donaciones que recibe la familia.
La Mesa del Congreso tampoco ha dejado pasar las preguntas sobre las funciones que realiza el Rey como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, sus acciones en favor de la difusión y protección de la lengua y culturas catalana, gallega y vasca, o quién decide sobre los festivos y periodos vacacionales del jefe del Estado.
Las relaciones del Gobierno con el interventor de la Casa del Rey y la fiscalización de los ingresos y gastos presupuestarios de la familia, o la razón por la que no son públicos y ni siquiera se informa en la Comisión de Secretos Oficiales sobre sus sueldos, bienes, y gastos es el contenido de otros de los escritos vetados.
REFORMULACIÓN
El diputado de ERC autor de las preguntas, Joan Tardà, anunció este martes su propósito de estudiar todos los escritos inadmitidos con idea de volver a registrarlos con una nueva redacción.
Por contra, entre las preguntas admitidas y pendientes de respuesta del Gobierno figuran las relativas al gasto de los yates de la Familia Real, el control de los viajes privados de Don Juan Carlos, o las medidas de gracia concedidas por el Rey.
Asimismo, y en relación con el llamado caso Urdangarín, el Gobierno deberá responder cuestiones sobre las medidas que deberían tomarse a raíz de la investigación judicial, si se 'pone en tela de juicio' la Monarquía, si hacen falta medidas de fiscalización especiales de la institución o si conviene introducir un régimen de incompatibilidades.
'Ante la alarma social e indignación generadas y las derivaciones que puede suponer tal caso para el deterioro de la institución monárquica, ¿considera el Gobierno necesario informar prontamente al Congreso sobre el caso de posible corrupción que afecta a un miembros de la Familia Real?', es otra de las preguntas admitidas.
El paquete más numeroso lo componen un total de 25 preguntas inadmitidas por ser ajenas a la competencia gubernamental. Ahí se incluye una que mencionaba expresamente la 'presunta actuación delictiva de uno de los miembros de la Familia Real' y con la que se pedía saber si, según el Gobierno, el 'caso Urdangarín' podría haberse prevenido si las cuentas de la Casa del Rey fueran transparentes y se sometieran a fiscalización.
Con el mismo argumento se han frenado las que indagaban sobre la cuantía de los sueldos del heredero y, si los tienen, de doña Cristina y doña Elena, qué tipo de declaración de la renta hace la Familia Real, cuántos de sus miembros cobran una retribución con cargo a los Presupuestos, cuántos la reciben al margen de los mismos y todos los 'ingresos monetarios' ajenos a las cuentas estatales que perciben.
Igualmente, ERC preguntaba si la Monarquía paga por la luz, el agua y el teléfono, los servicios sanitarios y educativos que recibe y el mantenimiento de sus títulos nobiliarios, o si disfruta de algún trato de favor por parte de aquellas firmas que publicitan, con su consentimiento, que son proveedoras de la Casa del Rey.
LA FORTUNA PERSONAL DEL REY
'Conocimiento por parte del Gobierno sobre la cuantía de la fortuna personal del Jefe del Estado', es el enunciado de otra de las preguntas vetadas. La misma suerte han corrido las que aludían a las residencias que tiene la familia para su uso y disfrute, el pago de su trajes o lo que importan o exportan en sus viajes en la denominada 'valija diplomática'.
También en relación con los viajes oficiales del Rey, los independentistas catalanes reclamaban saber quién decide las personas que le acompañan, en qué ámbitos empresariales se sitúan sus acompañantes de los últimos cinco años y si ha viajado en ese periodo con 'personas con intereses comerciales en ámbitos armamentísticos'.
Respecto a los obsequios y donaciones que reciben los miembros de la Familia Real, el objetivo de las cuestiones 'prohibidas' era conocer qué criterios se siguen para que éstos acaben formando o no parte del Patrimonio Nacional o si existe un registro, ya sea público o privado, de las donaciones que recibe la familia.
La Mesa del Congreso tampoco ha dejado pasar las preguntas sobre las funciones que realiza el Rey como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, sus acciones en favor de la difusión y protección de la lengua y culturas catalana, gallega y vasca, o quién decide sobre los festivos y periodos vacacionales del jefe del Estado.
Las relaciones del Gobierno con el interventor de la Casa del Rey y la fiscalización de los ingresos y gastos presupuestarios de la familia, o la razón por la que no son públicos y ni siquiera se informa en la Comisión de Secretos Oficiales sobre sus sueldos, bienes, y gastos es el contenido de otros de los escritos vetados.
REFORMULACIÓN
El diputado de ERC autor de las preguntas, Joan Tardà, anunció este martes su propósito de estudiar todos los escritos inadmitidos con idea de volver a registrarlos con una nueva redacción.
Por contra, entre las preguntas admitidas y pendientes de respuesta del Gobierno figuran las relativas al gasto de los yates de la Familia Real, el control de los viajes privados de Don Juan Carlos, o las medidas de gracia concedidas por el Rey.
Asimismo, y en relación con el llamado caso Urdangarín, el Gobierno deberá responder cuestiones sobre las medidas que deberían tomarse a raíz de la investigación judicial, si se 'pone en tela de juicio' la Monarquía, si hacen falta medidas de fiscalización especiales de la institución o si conviene introducir un régimen de incompatibilidades.
'Ante la alarma social e indignación generadas y las derivaciones que puede suponer tal caso para el deterioro de la institución monárquica, ¿considera el Gobierno necesario informar prontamente al Congreso sobre el caso de posible corrupción que afecta a un miembros de la Familia Real?', es otra de las preguntas admitidas.
