Dirige un oficio urgente al director de los Mossos para saber qué locales acogerán urnas y quienes han autorizado su apertura
En concreto, la Fiscalía Superior de Cataluña solicita al departamento de Enseñanza de la Generalitat que diga si "existen órdenes o instrucciones" por parte de la Generalitat a responsables de escuelas públicas para que cedieran esos locales para el 9N y si "se han convocado reuniones con responsables de centros públicos" en las cuales se les pidió que los pusieran a disposición.
Asimismo, la Fiscalía también solicita al director general de los Mossos d'Esquadra que le dé una relación de los locales o edificios de titularidad pública que se usarán mañana como punto de votación en este proceso participativo y que "identifique" a las personas responsables de haber permitido el acceso a este local a los "delegados" del 9N.
La Fiscalía Superior de Cataluña reclama a los Mossos, en concreto, que se le remita "con carácter urgente", toda esta información.
En tercer lugar, la Fiscalía solicita a la empresa Unipost que envíe todos los documentos relacionados con la distribución o buzoneo de la propaganda relacionada con el 9N, presupuestos y facturas incluidos, y que le detalle "qué persona o entidad le suministró el listado de destinatarios" de esta propaganda o de qué forma lo obtuvo.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que hoy ya había informado de que estaba investigando, a instancias de la Fiscalía General del Estado, si la cesión de locales públicos para el 9N es delito, concreta así las diligencias que ha adoptado en esta línea.
Fuentes jurídicas han explicado a Efe que la Fiscalía Superior de Cataluña ha requerido a los Mossos d'Esquadra que informen sobre quiénes son las personas encargadas de la apertura de estos puntos de votación y al departamento de Enseñanza que aclare si ha habido órdenes para ceder centros públicos educativos después de conocer varias denuncias de particulares en juzgados de guardia de Cataluña.
DENUNCIAS CONTRA LOS PREPARATIVOS
El Ministerio Público ha adoptado esta medida después de conocer varias denuncias de particulares en juzgados de guardia de Cataluña que advertían sobre supuestos preparativos que se estarían llevando a cabo en esos locales y ante la posibilidad de que constituyan actos contrarios a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional.
El artículo 410 del Código Penal tipifica el delito de desobediencia a una resolución judicial y destaca que se necesita una negativa "abierta" por parte de la autoridad o funcionario público a dar el debido cumplimiento de la decisión judicial; en este caso, se requiere un incumplimiento flagrante y directo, según fuentes jurídicas.
El Tribunal Constitucional suspendió el proceso participativo, un trámite automático al admitir el recurso del Gobierno central en virtud del artículo 161.2 de la Constitución. Y aunque no detalla un catálogo sobre conductas prohibidas ni ha entrado todavía en el fondo del asunto, sí se ha dirigido a la Generalitat para que se abstenga de cometer cualquier acto de desarrollo de la votación.
Aunque no ha incluido una advertencia expresa sobre la obligación de cumplir con sus resoluciones como pedía la Abogacía del Estado en referencia al artículo 87.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el tribunal de garantías ha ordenado comunicar su providencia a la Generalitat y publicarla en el Boletín Oficial del Estado y el Diario Oficial de Cataluña.
La Abogacía del Estado también analiza que la Generalitat ni ninguna administración pública incumpla la directriz del tribunal de garantías. "Si la Generalitat no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, no parece que sea necesario requerir al Tribunal Constitucional ni a los jueces y tribunales porque no hay infracción del ordenamiento jurídico", afirmó el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para asegurar que nadie impedirá el ejercicio de la libertad de expresión.
