Contar con una fundación supone para cualquier formación política abrir una vía de financiación que apenas está sometida a controles. De acuerdo con el Tribunal de Cuentas únicamente el 18 por ciento de los ingresos anuales de este tipo de organismos se sometió a una fiscalización, según publicó el pasado fin de semana el diario 'El Economista'.
A raíz de la reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos llevada a cabo en 2007, el Congreso habilitó a la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda para examinar las donaciones que reciben estas fundaciones, pues a ellas se extendieron algunas de las normas que rigen también a los partidos, como la prohibición de recibir donaciones anónimas y unos límites máximos de aportaciones.
Así, las fundaciones sólo deben pormenorizar las donaciones privadas percibidas y el informe del Tribunal de Cuentas sólo detalla su activo, pasivo, gastos e ingresos totales pero no detalla absolutamente nada sobre subvenciones y otros ingresos, ya que se desconoce el importe exacto de las subvenciones recibidas.
Los datos, los más recientes, son relativos a 2007 y apenas permiten establecer comparaciones. Es por ello que, de un total de 22,2 millones de euros que afluyeron a estos satélites de los partidos, únicamente se justificó el origen de 4,1 millones, según detalló 'El Economista'
En concreto, se examinaron las donaciones recibidas por 26 fundaciones, incluyendo la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que preside José María Aznar, y las socialistas Pablo Iglesias y Progreso Global -aún no existía la Fundación Ideas que agrupa a varias de estas organizaciones próximas al PSOE-.
Todas estas formaciones recibieron ese año un total de 3,20 millones de euros en donaciones, la mayor parte de las cuales fueron donativos directos (2,19 millones), frente a 639.499 euros instrumentados en convenios de colaboración, 261.214 euros tienen su origen en cuotas, 72.000 euros figuran clasificados contablemente como subvenciones, y 33.772 euros responden a aportaciones del partido declaradas en la relación de donaciones facilitada por las fundaciones.
Lo primero que detectó el Tribunal de Cuentas es que, 'como generalidad', las donaciones no se abonaron en cuentas bancarias específicas para ello, lo que incumple lo establecido en la Ley de 2007. En esta práctica incurren casi todas ellas hasta las más poderosas (FAES, Progreso Global y Pablo Iglesias). También hubo casos de fundaciones que declararon que no recibían un euro en concepto de donaciones, como la Veintinueve de junio de la Chunta Aragonesista o la Rey del Corral, del PC, sin dar mayores explicaciones sobre cuáles son sus fuentes de ingresos.
SIN DATOS DE IU Y PCE
Además, el Tribunal de Cuentas denunció el caso de una entidad, la Fundación Horacio Fernández Iguanzo, vinculada al PCE de Asturias y a IU, que 'no ha facilitado documentación alguna, a pesar de los requerimientos', lo que también 'contraviene el deber de colaboración' establecido en la Ley.
No acaban ahí las dificultades, ya que ni siquiera puede consultarse un registro que permita identificar oficialmente a este tipo de organismos. El único criterio para localizarlas es que el propio partido las reconozca.
Y aunque existe el compromiso de publicar antes de final de año las fiscalizaciones de 2008, 2009 y 2010, las reglas del juego son las mismas así que lo razonable es esperar que el 'desnudo' contable quedase limitado de nuevo a un mínimo porcentaje.
Así, las fundaciones sólo deben pormenorizar las donaciones privadas percibidas y el informe del Tribunal de Cuentas sólo detalla su activo, pasivo, gastos e ingresos totales pero no detalla absolutamente nada sobre subvenciones y otros ingresos, ya que se desconoce el importe exacto de las subvenciones recibidas.
Los datos, los más recientes, son relativos a 2007 y apenas permiten establecer comparaciones. Es por ello que, de un total de 22,2 millones de euros que afluyeron a estos satélites de los partidos, únicamente se justificó el origen de 4,1 millones, según detalló 'El Economista'
En concreto, se examinaron las donaciones recibidas por 26 fundaciones, incluyendo la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que preside José María Aznar, y las socialistas Pablo Iglesias y Progreso Global -aún no existía la Fundación Ideas que agrupa a varias de estas organizaciones próximas al PSOE-.
Todas estas formaciones recibieron ese año un total de 3,20 millones de euros en donaciones, la mayor parte de las cuales fueron donativos directos (2,19 millones), frente a 639.499 euros instrumentados en convenios de colaboración, 261.214 euros tienen su origen en cuotas, 72.000 euros figuran clasificados contablemente como subvenciones, y 33.772 euros responden a aportaciones del partido declaradas en la relación de donaciones facilitada por las fundaciones.
Lo primero que detectó el Tribunal de Cuentas es que, 'como generalidad', las donaciones no se abonaron en cuentas bancarias específicas para ello, lo que incumple lo establecido en la Ley de 2007. En esta práctica incurren casi todas ellas hasta las más poderosas (FAES, Progreso Global y Pablo Iglesias). También hubo casos de fundaciones que declararon que no recibían un euro en concepto de donaciones, como la Veintinueve de junio de la Chunta Aragonesista o la Rey del Corral, del PC, sin dar mayores explicaciones sobre cuáles son sus fuentes de ingresos.
SIN DATOS DE IU Y PCE
Además, el Tribunal de Cuentas denunció el caso de una entidad, la Fundación Horacio Fernández Iguanzo, vinculada al PCE de Asturias y a IU, que 'no ha facilitado documentación alguna, a pesar de los requerimientos', lo que también 'contraviene el deber de colaboración' establecido en la Ley.
No acaban ahí las dificultades, ya que ni siquiera puede consultarse un registro que permita identificar oficialmente a este tipo de organismos. El único criterio para localizarlas es que el propio partido las reconozca.
Y aunque existe el compromiso de publicar antes de final de año las fiscalizaciones de 2008, 2009 y 2010, las reglas del juego son las mismas así que lo razonable es esperar que el 'desnudo' contable quedase limitado de nuevo a un mínimo porcentaje.
