La letrada Beatriz Gámez, que ejerce la defensa de Ana Julia Quezada, la mujer condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz, ha señalado este lunes que recurrirán la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería en relación a "varios aspectos", entre ellos, la valoración de la prueba efectuada por el jurado popular, ya que aún sostiene que "la forma de ocurrir los hechos es un delito de homicidio en todo caso".
En declaraciones a los medios en el despacho profesional que comparte con el abogado Esteban Hernández, la letrada ha explicado que próximamente elevarán el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al tiempo que ha incidido en el debate en torno a la figura penal, sobre la que hay pendiente un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC).
"El fin de la prisión es la reinserción, la resocialización, aunque lleva también una parte de pena, de castigo. Pero si una persona piensa que no va a salir nunca, ahí es donde está el problema", ha opinado Gámez, quien, por otra parte, ha asegurado que el fallo era el esperado a la vista de los hechos que dio por probado el jurado.
Así, y en relación al asesinato, la magistrada Alejandra Dodero, impone la prisión permanente revisable al tener en cuenta el carácter alevoso del asesinato que se produjo sobre el menor, no solo por la escasa capacidad de defensa del niño para defenderse dada su corta edad, sino también por la "relación de confianza que existía hacia la persona de la acusada", lo que bajo la última jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) se ha denominado como "alevosía convivencial".
Junto a este aspecto, la defensa de Quezada también armará su recurso con el fin de esquivar las penas de ocho años y nueve meses de cárcel adicional impuestas por los dos delitos de lesiones psíquicas y contra la integridad moral hacia Patricia Ramírez y Ángel Cruz, padres del menor, al entender que el primero estaría "incluido dentro de la pena de homicidio o asesinato" y el segundo "no existe".
La letrada, que junto a su compañero tiene previsto acudir en la tarde de este lunes a la prisión de El Acebuche a explicar personalmente a la acusada el fallo, ha recordado además que Quezada es una "persona insolvente" que ha estado representada por "abogados de oficio", por lo que ve "difícil" que se puedan cobrar las indemnizaciones de 700.203 euros a favor de los padres y del Estado, ya que también está obligada a pagar el coste del operativo de búsqueda.
