La operación abarca siete provincias y entre los arrestados hay empresarios, abogados y testaferros

Detenidas 22 personas por el fraude de los ERE andaluces

El exdirector de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero. (Foto: RAÚL CARÓ)
La juez Mercedes Alaya reactivo ayer la investigación sobre los ERE irregulares de la Junta de Andalucía con una operación en la que el Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a 22 personas y realizó 13 registros en la operación simultánea que desarrolla en las provincias de Sevilla, Cádiz, Jaén, Granada, Madrid, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria en relación con la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía.
Según las fuentes consultadas, de las 22 detenciones se produjeron nueve en Barcelona, que serían cargos y directivos de la consultora Vitalia Vida y de Eurobank; seis en Sevilla, entre ellos Eduardo Leal del Real, uno de los presuntos testaferros de las 'empresas pantalla' de la trama, y José Luis Leal, hermano del abogado de Estudios Jurídicos Villasís ya imputado en la causa; tres en la provincia de Cádiz; uno en la provincia de Granada, Ismael Sierra, cuñado del exsindicalista Juan Lanzas, imputado en la causa como 'conseguidor' de la trama; y uno en Las Palmas de Gran Canaria.

Junto a ellos, nueve personas ya imputadas en la causa fueron citadas a declarar ante la juez Mercedes Alaya, cuatro en la provincia de Sevilla, tres en la provincia de Jaén, uno en Madrid y otro en Cádiz. Entre ellos figuran el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, que declaró ayer ante la magistrada; el exdirectivo de Mercasevilla Daniel Ponce, imputado por la causa de los ERE y por un presunto delito societario cometido en la gestión de Mercasevilla; y el abogado de Estudios Jurídicos Villasís Carlos Leal y el administrador de la consultora Uniter José González Mata, también imputados por los ERE. Por último, se practicaron 13 registros, cuatro de ellos en Jaén, cuatro en Sevilla, dos en Cádiz, dos en Granada y uno en un domicilio en Madrid.

La delegada del Gobierno andaluz, Carmen Crespo, calificó esta operación de 'muy especializada' y dirigida 'a empresas mediadoras que ofrecían servicios para lograr financiación a las empresas en su reestructuración'. Por su parte, el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, pidió la dimisión del presidente Griñán ante lo que 'es escándalo sin precedentes' y cree que la situación es 'insostenible' porque es 'imposible' gobernar con una 'agenda marcada por la corrupción'.

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