Díaz da por hecho el pacto por los Presupuestos para el 2022

<p> Yolanda Díaz, en la rueda de prensa tras el Consejo. </p>
photo_camera Yolanda Díaz, en la rueda de prensa tras el Consejo.

La ministra de Trabajo, convencida del acuerdo con sus socios de Gobierno, pide “paciencia”

La vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, pidió “paciencia” porque está “segura de que va a haber acuerdo” de los socios de Gobierno para el proyecto presupuestario de 2022, que el Ejecutivo prevé aprobar en la primera mitad de octubre. “Los acuerdos se cuecen a fuego lento”, contestó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a una pregunta sobre si ya hay un pacto de Presupuestos, a lo que añadió que “es evidente que no”.

Fuentes del Gobierno señalaron que, pese a los escollos en la negociación, el calendario previsto pasa por aprobar las cuentas en Consejo de Ministros en la primera quincena de octubre, es decir, o el martes 5 de octubre o en la semana del 11 de octubre -el martes 12 de octubre es fiesta nacional y el Consejo pasaría a otro día-. Este plazo es más amplio de las fechas inicialmente apuntadas -28 de septiembre o 5 de octubre- y excede el calendario reglamentario, que exige llevar las cuentas al Congreso antes de final de septiembre.

En los últimos días, Unidas Podemos reiteró de manera pública algunas de sus exigencias para los futuros Presupuestos de 2022, entre ellas un tipo mínimo efectivo del 15 % para el impuesto de sociedades o la regulación del alquiler. El pasado lunes, el portavoz de la citada formación, Pablo Fernández, advirtió a los socialistas de que aún están lejos de acordar los Presupuestos y de que sus votos no están garantizados.

Mientras tanto, Esquerra Republicana situó la regulación de los alquileres y la reforma fiscal dentro de la negociación con el Gobierno para sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, en tanto que EH-Bildu, además de la fiscalidad, también se ha referido a las medidas para el sistema público de pensiones y la prometida derogación de la reforma laboral del Partido Popular, tal y como señalaron sus portavoces parlamentarios, Gabriel Rufián y Mertxe Aizpurua, respectivamente.

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