El magistrado ourensano Alfonso Villagómez Cebrián ha planteado ante el Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad contra el régimen sancionador del estado de alarma declarado por el Gobierno el pasado 14 de marzo.
Según el magistrado ourensano del contencioso administrativo de Madrid, tanto las infracciones como las sanciones aparejadas durante el primer estado de alarma, infringen el derecho fundamental a la legalidad sancionadora proclamado en el artículo 25 de la Constitución.
Para Villagómez, en el decreto de alarma no se regularon mínimamente las infracciones ni tampoco las sanciones que se podrían imponer, remitiéndose en bloque a una legislación indeterminada, por lo que se vulneran los principios de tipicidad y certeza.
El titular del contencioso administrativo número 14 de Madrid señala que “estamos ante un asunto de relevancia constitucional en cuanto se encuentra en juego la posibilidad de que, por medio de un Real Decreto de declaración del estado de alarma, se haya vulnerado el art. 25. 1 de la Constitución. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento".
En Ourense, durante el primer estado de alarma y según confirmó la Subdelegación de Gobierno, se realizaron 7.313 propuestas de sanción, de las que 6.147 fueron tramitadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil y 1.166 por las distintas policías locales de la provincia y la Policía Autonómica.
En Galicia, durante ese periodo, se realizaron 44.951 propuestas de sanción. Además de las de Ourense, hubo 16.607 en A Coruña, 13.586 en Pontevedra y 7.445 en Lugo. En lo que se refiere a España, las cifras son mucho mayores. Durante los poco más de tres meses que permaneció vigente el estado de alarma, se pusieron más de un millón de multas y se realizaron unas 9.000 detenciones por saltarse el confinamiento decretado.
